James Cifuentes Maldonado
El desarrollo del sector de los servicios públicos, en las últimas décadas, en el escenario que generó la Ley 142 de 1994, que posibilitó el desarrollo de actividades, antes paquidérmicas y rezagadas, en un ambiente de mayor autonomía, de calidad y en condiciones de mercado y competencia, lo más parecido posible al sector privado, aun en los casos de empresas mixtas, en las que convergen los capitales públicos y los de particulares, permite auscultar un panorama algo pesimista sobre los lastres y las barreras que hacen el contraste con el modelo de actuación y de gestión del sector público, que he tenido la oportunidad de conocer y donde he encontrado que avanzar y mostrar resultados es casi que imposible.
Hace 30 o 40 años tener una línea telefónica era un lujo, algo de pudientes o de personas que incurrían en grandes sacrificios, como mi madre que pagó la suya a cuotas hasta que un día, luego de tres años, se la instalaron; literalmente hicimos fiesta. Hoy, por cuenta de la tecnología, la telefonía fija está en vía de extinción, las llamadas de larga distancia desparecieron (para este lado del mundo se llama WhatsApp) y cualquiera puede obtener el servicio móvil individual y empaquetado, con todos los juguetes, de manera instantánea.
Antes, casi la totalidad de servicios estaban concentrados en el Estado y esa vaina de la posventa y la cultura de servicio al cliente era impensable, ni siquiera existía la conciencia de que los “usuarios” merecían un buen trato, fidelizarlos no era necesario por el monopolio y pensar que alguien se quejara o reclamara y le respondieran era toda una utopía. Hoy nos fuimos al extremo y en algunos casos vivimos la dictadura de los clientes, muchos de los cuales no dudan en acabar con un comerciante o la reputación de un negocio con una mala referencia en redes o en Google.
Una de las cuestiones que más amarra en el sector público, por ejemplo en los municipios y en los departamentos, ya que el gobierno de los territorios en su esencia democrática no es algo que se pueda privatizar fácilmente, es el de la adquisición de bienes y servicios, tanto para el funcionamiento como para las inversiones que deben hacer las entidades y que deben someterse a la complejidad del Estatuto Público de Contratación, donde sacar adelante así sea un proceso de mínima cuantía es toda una proeza, tanto por la tramitología que debe surtirse como por el riesgo siempre latente de que luego de adjudicado el contrato el mismo no se cumpla.
Aunque ningún sector está exento del cáncer de la corrupción, la gestión de los asuntos públicos lleva la peor parte, al cumplirse permanentemente la triste máxima de que “lo que es todos es de nadie” y “lo que nada nos cuesta volvámoslo fiesta”, como ha sucedido en el caso de innumerables proyectos que se han malogrado o han quedado a media marcha como elefantes blancos.
Este largo preámbulo, para contar la maravillosa noticia de que la alcaldía de Pereira, después de muchas dificultades y muchos trabajos, tantos que es difícil entenderlo, por fin ha publicado los prepliegos de la nueva licitación con la que se dará continuación a la Av. de Los Colibríes en su Fase I. Se espera adjudicar la obra el próximo trimestre y concluirla antes de que se acabe este gobierno. Que así sea.

