El 4 de marzo pasado fue sancionada la Ley 2450, conocida como la Ley contra el Ruido, una respuesta necesaria a una realidad que afecta la salud, la convivencia y la dignidad de millones de personas en Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud, el ruido es el segundo contaminante ambiental más perjudicial, después del aire contaminado. Dormir mal, vivir con estrés permanente o enfermar por la exposición constante a niveles sonoros excesivos no es una exageración de vecinos “intolerantes”, sino un problema serio de salud pública.
La ley es clara: concede a las alcaldías un plazo de 18 meses para elaborar y adoptar sus Planes de Gestión Acústica. Estos planes deben permitir diagnosticar las fuentes de ruido, establecer medidas de prevención, control y sanción, y proteger áreas sensibles como hospitales, colegios y sectores residenciales. De ese plazo ya han transcurrido ocho meses. Sin embargo, en Risaralda, el silencio institucional resulta ensordecedor.
Con la excepción de la alcaldía de Quinchía, que desde el 10 de agosto empezó a aplicar la ley en su territorio, no se conocen acciones concretas del resto de alcaldías del departamento para cumplir esta obligación legal. No hay anuncios oficiales, cronogramas, procesos participativos ni diagnósticos en marcha. En contraste, persisten eventos ruidosos tolerados o promovidos por los gobiernos municipales, y hasta financiados con sus recursos públicos; donde la música a alto volumen o la pólvora, o las vibraciones; afectan barrios enteros, como si la ley no existiera o como si el ruido no fuera un problema colectivo.
Esta omisión no es menor. La Ley 2450 no es decorativa: obliga a planear, actuar y controlar. Fortalece la capacidad sancionatoria de las autoridades y exige pedagogía, monitoreo y decisiones urbanas responsables. Sin planes locales, la norma corre el riesgo de convertirse en otra buena intención archivada, mientras la ciudadanía sigue soportando los mismos abusos de siempre.
Las responsabilidades están claramente definidas. Las alcaldías deben liderar estos procesos; las autoridades ambientales y de policía, prepararse para ejercer controles efectivos; y los concejos municipales, ejercer control político, exigir resultados y garantizar que el tema esté en la agenda pública.
Pero también hay una tarea para la ciudadanía. Esta ley se pensó para que las comunidades dejaran de sentirse solas frente al ruido, para que el descanso y la salud no dependan del “aguante” o la resignación. Es momento de exigir: planes de gestión acústica, controles reales y el reconocimiento del silencio razonable como un derecho ligado a la calidad de vida.
El ruido no es progreso ni cultura. El ruido descontrolado es una forma de violencia cotidiana que el Estado ya decidió regular. Ocho meses después, en Risaralda, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿las alcaldías van a cumplir la ley o van a seguir haciendo ruido… con su silencio?
