La reciente entrevista en La W al senador Antonio Zabaraín dejó una frase que resume con precisión la desconexión entre el Congreso y el país real: “32 millones netos no es un buen salario para un congresista”. Lo dijo mientras comparaba su remuneración con los salarios de directivos en fiducias, Colpensiones, Ecopetrol o la Federación de Cafeteros. Es decir, justificó su ingreso no frente a la realidad de la ciudadanía que representa, sino frente a los sueldos donde existen aportes públicos. Esa comparación revela un problema más profundo: la élite política, técnica y administrativa del país se mide entre sí, nunca frente a la vida cotidiana de la mayoría.
Cada comienzo de año trae el mismo debate: el anuncio del aumento del salario mínimo y, con él, la reacción inmediata de ciertos sectores técnicos que se apresuran a advertir sobre riesgos, distorsiones y catástrofes económicas. Es casi un libreto. Lo que nunca aparece con la misma intensidad es la discusión sobre cómo ese aumento también impacta el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Y si el salario mínimo sube más, el salario de los congresistas también sube más. Con base en datos oficiales, durante el gobierno de Iván Duque (2018–2022) el salario de los congresistas pasó de $31,33 millones a $37,88 millones, lo que representó un aumento de $6,55 millones (21%). En el gobierno de Gustavo Petro (2022–2025) ese salario ha aumentado de $37,88 millones a $52,65 millones, es decir, $14,77 millones (39 %).
Con el aumento del salario mínimo reciente el salario de los congresistas volverá a subir. No porque haya un análisis técnico que lo justifique, o un estudio de productividad, o porque exista una evaluación de desempeño, sino porque el diseño institucional así lo garantiza. Es un mecanismo blindado, protegido, casi intocable. Y sólo hasta ahora, época pre-electoral, el presidente anunció que se eliminará la prima de servicios ($15 millones), algo que podía haber hecho años atrás. Sin embargo el salario de los congresistas seguirá siendo uno de los más altos de la región y continuará creciendo por inercia, sin que se atrevan a abrir una discusión seria sobre su pertinencia, su proporcionalidad o su impacto fiscal. Y aquí llama la atención la doble moral de los técnicos. Los mismos que se escandalizan por un aumento del salario mínimo, guardan silencio absoluto frente a los aumentos automáticos de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Hablan de “riesgos macroeconómicos” cuando se trata de subir el ingreso de quienes ganan menos, pero no escriben ni una columna sobre los altos salarios del Estado que crecen sin control.
Aquí vuelve a cobrar sentido la frase del senador Zabaraín. Cuando él compara su salario con el de altos directivos está señalando un fenómeno que los técnicos rara vez mencionan: esos salarios no están en el sector privado competitivo, sino en entidades estatales o actividades económicas financiadas con aportes obligatorios (Tarifas de servicios públicos, fiducias de concesiones, peajes etc) de la ciudadanía. ¿Por qué esos salarios parecen aceptables? ¿Por qué nunca generan columnas alarmistas, advertencias de riesgo o llamados a dar ejemplo en un país tan inequitativo? Una cosa es que una empresa totalmente privada pague lo que quiera con recursos propios; otra muy distinta es que una empresa público‑privada reproduzca salarios que superan por mucho la realidad del país.
