Durante años, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Pereira y Dosquebradas ha sido presentada como la gran deuda ambiental de la región. En los últimos meses, los anuncios oficiales han sido optimistas: aprobación del CONPES, compromiso de recursos nacionales, vigencias futuras aprobadas por el Concejo de Pereira. Todo ello suena como la antesala inevitable de la obra. Sin embargo, conviene hacer una pausa y separar el discurso político de la realidad administrativa.
El CONPES aprobado en septiembre de 2025 es, sin duda, un avance histórico. Declara la PTAR como prioridad nacional y habilita la participación de recursos de la Nación, que aportaría cerca del 60 % del costo total del proyecto. Pero es necesario decirlo con claridad: el CONPES no es un contrato, no inicia obras y no adjudica recursos automáticamente. Es un instrumento de política pública, válido por diez años, que abre la puerta, pero no cruza el umbral.
Algo similar ocurre con las vigencias futuras aprobadas por Pereira. Son un paso indispensable para demostrar capacidad financiera y cumplir los requisitos fiscales exigidos por el Gobierno Nacional. Sin ellas, la Nación no podría firmar convenios. Con ellas, el proyecto avanza, pero todavía no se ejecuta.
Hoy, a mitad del periodo de los actuales gobiernos locales, la PTAR se encuentra en un punto intermedio: ya no es una promesa etérea, pero tampoco una obra irreversible. Persisten tres hitos críticos que aún no se han materializado: el cierre financiero definitivo, la firma del Convenio de Uso de Recursos (CUR) y la apertura de la licitación pública internacional. Sin estos pasos, no hay contratación, no hay maquinaria y no hay obra.
En 2022 una licitación para construirla fue declarada desierta, lo que nos recuerda que los detalles técnicos, jurídicos y financieros pueden frenar proyectos incluso cuando existe voluntad política.
Por eso, más que celebrar comunicados, es momento de exigir claridad. Desde la Corporación VIGÍA Cívica planteamos preguntas simples, pero ineludibles: a la Alcaldía de Pereira y a Aguas y Aguas, ¿existe ya un cierre financiero firmado y con cifras definitivas?, ¿el Ministerio de Vivienda está conforme con el presupuesto calculado? Al Ministerio de Vivienda, ¿cuándo se suscribirá el CUR y qué entidad asumirá la responsabilidad contractual? Y a Dosquebradas y Serviciudad, ¿cuál es su compromiso financiero exacto y en qué acto administrativo quedó formalizado?
Si de verdad se quiere que esta planta sea la obra ambiental más importante de la región, el siguiente paso no puede ser otro anuncio vacío. Debe ser la publicación de documentos firmados, cronogramas verificables y procesos contractuales abiertos al escrutinio ciudadano. Ahí empieza la verdadera ejecución. En ese evento la comunidad debe tener claro que el control ciudadano dejará de ser opcional para volverse imprescindible.
como todo en colombia, puro bla bla bla para entretener al ignorante pueblo, asi paso con la doble calzada a la virginia, autopista el pollo, avenida del rio, y cuando construyen algo lo dejan a medio camino (colibries) y el pago de nuestros impuestos se los roban, el juan pablo gallo , el amaya gallo familia de delincuentes, y el alcalde de hoy solo da pan y circo, exigimos carcel a los delicuentes de cuello blanco, y terminar las obras que se necesitan