Ramiro Tabares
Ante los hechos plenamente conocidos del desastre ni tan natural que afecta al norte del país, el ejecutivo se ve en la obligación de expedir una segunda emergencia económica que permita mitigar el impacto de esta catástrofe que golpea como siempre a campesinos, aparceros, pequeños productores y miles de pobladores de más de 300 municipios.
Las acciones coordinadas desde el alto gobierno no dan espera. Toda la cadena de mando se reactivó desde el primer día y de presidente para abajo, cada funcionario, entidad, cuerpos de seguridad y organismos de emergencias están en zona atendiendo y resolviendo. Mientras alcaldes y gobernadores salen en redes, lamentado el desastre y pidiendo apoyo del gobierno central, este actúa.
Las acciones de gobierno, se convierten en proyectos, actividades y apoyos, siendo necesario tener los recursos. La primera emergencia se cayó en la corte gracias al lobby de banqueros, empresarios y políticos bandidos a los cuales les importa poco la situación de mortalidad, vulnerabilidad y pobreza del país que ellos han gobernado en los últimos 150 años. Viven en la Cabrera, Chico Alto, Santa Ana, tienen fincas de descanso y retiro en exclusivos sectores y pasan vacaciones en Miami, Ibiza o Mónaco.
El presidente Gustavo Petro en sus consejos de ministros, siempre dice verdades, afirmaciones y negaciones con evidencia y fundamento. Que la banca lo engañó en el famoso pacto de 2024 para reactivar el crédito hacia el sector agrario. El dinero se destinó a crédito de consumo y otro salió al exterior y ahora deberán retornar esos capitales. Se necesitan créditos blandos y condiciones flexibles para aumentar la producción agrícola, ante un panorama sombrío por las inundaciones, donde hay pérdida de cosechas. Hambruna no puede haber en un país de nuestras condiciones. Todas las formas asociativas de pequeños productores agrícolas, ganaderos y bienes tendrán línea directa con estos créditos a cero tasas. También son claros los hechos que no todo obedece a causas naturales; los dueños de la represa deben responder en un juicio por responsabilidad ambiental con nexos criminales.
Los impuestos nuevos, se aplicarían a las 15 mil personas jurídicas de mayores ingresos vía DIAN. No se tocan personas naturales y menos asalariados. Es un impuesto para los megos ricos, los que siempre gozan de las bondades del estado, pero al momento de tributar son expertos en evadir. La atención del desastre exige recursos y la tributación es un arma legal para casos de emergencia.
