Zona económica binacional: una apuesta con más dudas que certezas

El pasado 17 de julio de 2025, Colombia y Venezuela firmaron un memorando de entendimiento para establecer una Zona Económica Especial de Paz, Unión y Desarrollo (ZEEB) en la frontera común. El gobierno colombiano lo presenta como una oportunidad histórica para promover el comercio, la energía, el turismo y la formalización productiva. Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte controversia jurídica y política.
Durante décadas, la frontera colombo-venezolana —especialmente el eje Norte de Santander–Táchira— ha sido una zona de sombra para ambos Estados. Ni Bogotá ni Caracas han logrado garantizar condiciones de seguridad, inversión o presencia institucional. En su lugar, ha florecido una economía ilegal, dominada por grupos armados y marcada por la migración forzada.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la naturaleza misma del acuerdo. Se trata de un simple “acuerdo de voluntades”, sin carácter vinculante. No compromete recursos ni establece cronogramas concretos. Además, la situación política de Venezuela —bajo un régimen autoritario y sancionado internacionalmente— no ofrece garantías jurídicas claras para posibles inversionistas. ¿Es posible plantear integración económica con un socio cuya institucionalidad está profundamente cuestionada?
En este contexto, los abogados Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España presentaron una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad del memorando. Alegando que hubo falta de competencia en su firma, pues consideran que debió tramitarse como un tratado internacional aprobado por el Congreso. También pidieron su suspensión provisional, argumentando que vulnera la soberanía nacional.
Así, cabe preguntarse: ¿qué incentivos reales tienen los inversionistas con un memorando que no es legalmente exigible, especialmente cuando la contraparte es un régimen calificado como autoritario?
En suma, este memorando binacional puede ser el inicio de un proceso prometedor o un paso imprudente. Su futuro dependerá de si el Consejo de Estado admite la demanda, de la claridad en la información pública, del control ciudadano y de la capacidad de generar incentivos reales sin comprometer la soberanía. Hasta tanto no se definan estos aspectos, este acuerdo no pasa de ser una firma sin respaldo jurídico ni ciudadano, sostenido sobre pilares débiles ante riesgos notorios.