Actualmente nos encontramos enfrentando una pandemia sin precedentes, la cual ha expuesto la fragilidad de las instituciones prestadoras de salud y del sistema de salud en general. Según estimaciones moderadas, las pérdidas económicas globales podrían superar 1.1 trillones de dólares, puesto que la pandemia genera gastos directos e indirectos asociados a la preparación y prevención (prácticas que mitigan el riesgo), el evento en sí (gastos de atención médica, la prohibición de actividades, pérdida de empleo y cierre de empresas) y las secuelas del evento (devaluación de servicios, menor nivel educativo, discapacidad médica asociada y mortalidad temprana en la población laboral activa). Sin embargo, la crisis financiera del sector salud, especialmente a nivel público, no es nueva, así como tampoco sus razones, dentro de las cuales destaca una, la corrupción.
Un acto de corrupción, se basa en utilizar recursos públicos para lograr beneficios privados, los cuales, suelen medirse en términos de dinero. De esta manera, a la luz de ciencia, favorecer la realización directa de contratos de entidades públicas con empresas privadas específicas, sin la necesidad de competir con otras instituciones, quienes ofrezcan servicios quizás mejores a costos más bajos, para la adquisición de productos farmacéuticos, dispositivos médicos esenciales, o facilitar la contratación de profesionales de la salud mediante proveedores privados, trae consecuencias devastadoras para la salud pública y constituye un ejemplo concreto de corrupción en salud.
La corrupción en salud pública, es un fenómeno desconcertante, puesto que la disminución de los recursos en las instituciones de salud, se traduce en ausencia de medicamentos necesarios, equipos médicos y profesionales calificados para garantizar la salud, es decir, en un riesgo para la vida de la población en general. Como si fuera poco, dado que nos encontramos enfrentando una urgencia en salud pública, los sistemas de salud deben implementar ajustes o cambios en sus políticas públicas, lo cual implica por ejemplo mejoras en la infraestructura, el diseño de programas de prevención, y capacitación a profesionales de la salud y a población en general, generando un ambiente propicio para la desviación de recursos públicos de la asistencia sanitaria.
Nos encontramos atravesando un periodo de desarrollo científico extraordinario, donde se tiene respuesta a casi todas las preguntas relacionadas con la salud y la gestión de la misma, sin embargo estas respuestas no suelen ser buscadas, de hecho, algunas conductas tomadas suelen ir en contra de la ciencia. Una conducta corrupta se encuentra diseñada para evitar normas, regulaciones y leyes, de modo que, se camuflan de diferentes maneras evitando a la evidencia científica, causando el deterioro silencioso y progresivo de la salud de la población, y dejando pérdidas económicas multimillonarias a cada estado.
Las conductas corruptas, pueden tener diferentes distinciones, pueden ser grandes o pequeñas, pueden ser consideradas políticas o institucionales, pueden ser generalizadas o individuales, sin embargo, el factor común es que se ejecutan de forma consciente e intencionada, por lo cual, sus actores comprenden que no se encuentran cumpliendo a cabalidad con la jurisprudencia, o por lo menos con normas éticas. Los principales factores que predisponen a la corrupción son la concentración de poder y/o dinero, por lo que se requiere fuertes instituciones con participación internacional y sin fines políticos, con la voluntad y la capacidad de neutralizar cualquier estrategia de corrupción. A pequeña escala, la corrupción comienza desde la persona que usa influencias o sobornos para recibir una atención en salud adelantando la lista de espera; el personal administrativo que niega o ralentiza un servicio a un paciente para traer beneficios a su empleador; el profesional que hace consulta en espejo o trabaja en dos instituciones al mismo tiempo sin el don de la ubicuidad. Estas situaciones, limitan la competitividad y la calidad de los servicios en salud, por lo cual, es necesario que la sociedad comience a proteger sus recursos como estrategia de control contra la corrupción.
A gran escala, las instituciones de salud administran elevadas sumas de dinero para su adecuado funcionamiento, sin embargo, estas dependen en sí de otros sectores. Un caso concreto es el sector farmacéutico, el cual, tiene como objetivo principal lograr la producción de una cantidad adecuada de medicamentos de alta calidad a precios razonables para el bienestar de la población, sin embargo, algunas estrategias de negocios, como la disminución en la producción para aumentar el precio, la adquisición de contratos sin vigilancia con términos inadecuados para la sociedad, e incluso, la compra de medicación fraudulenta o inadecuada amenazan constantemente la salud pública; en el sector del personal de salud, la obligatoriedad de vinculación a cooperativas privadas cómo única posibilidad de contratación con una instutición pública, donde se beneficia economicamente particulares, constituye por lo menos una práctica poco moral, que vulnera principios de equidad, competitividad y afecta a los trabajadores de la salud; un caso aún más drámatico, configura la construcción y aprobación de proyectos de ley que benefician a sectores privados gracias al apoyo financiero otorgado a parlamentarios, puesto que, los documentos técnicos continenen lineamientos que en sí mismos, incumplen principios éticos básicos, y finalmente promueven actos de corrupción.
Esta debe ser reconocida, y abordarse como uno de los principales problemas de salud pública global, para poder realizar ajustes urgentes en la legislación, las políticas públicas, las prácticas clínicas y las prioridades establecidas. Es la causa fundamental de la baja eficacia de las intervenciones de salud, la inequidad en el acceso y la pérdida de confianza en las instituciones de salud. Sin embargo, esta está incrustada en la sociedad, a tal punto de ser normalizada debido a que los mecanismos utilizados para la sanción de estas prácticas indebidas, no se practican en su debida forma, lo cual permite su continua realización sin presentar vergüenza moral alguna.
Solución
El primer paso es hablar de corrupción en salud, no solo saber que existe, por lo cual, recientemente ha aumentado el número de debates científicos, morales y legales, con el fin de proponer estrategias cooperativas de salud pública global, diseñadas y coordinadas por organismos internacionales, con el objetivo de crear un modelo de control interno con participación externa, basado en tres principios: anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.
El enfoque anticorrupción anterior se basa en la prohibición teórica y la criminalización bajo medidas punitivas del incumplimiento de reglas o indicaciones en cada proceso. Por otro lado, el nuevo enfoque basado en riesgos, este reconoce que a pesar de cumplir con estos estándares, se debe verificar cada uno de los procesos realizados para determinar si contribuyen al objetivo general de cada institución, mejorar los resultados en salud y mitigar el riesgo de corrupción.
Para ello, se promueve la formación de alianzas y mecanismos anticorrupción internacionales independientes, caracterizados por la imposibilidad de ser manipulados o evitados, además de generar poca o ninguna oportunidad para abusar del poder, que monitorean y toman medidas preventivas basadas en el modelo de riesgo, mirando los componentes con mayor riesgo de corrupción, buscando una vigilancia y verificación continua sin dejar de lado el modelo punitivo tradicional.
En este nuevo modelo, los mecanismos anticorrupción deben enfocarse en situaciones específicas y considerar: (i) los objetivos del proceso; (ii) cómo se elige al personal que realiza los procesos; (iii) requisitos de transparencia y documentación; (iv) condiciones de ejecución y pago del proceso; (v) diseño de mecanismos de verificación y supervisión; e (vi) incentivos y sanciones para los actores involucrados en el proceso, entre otros componentes, discutidos internacionalmente para lograr la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de salud.
En los próximos años comenzaremos a presenciar la construcción de plataformas digitales de vigilancia en salud con veeduría internacional, la cual regulará desde los procesos de contratación de personal de aseo o vigilancia, hasta aquellos contratos de servicios que suelen alcanzar sumas millonarias. En ese momento, todos los gobiernos del mundo deberían aceptar el llamado para participar e implementar dichas plataformas, incluyendo a Colombia.
Por ahora, lo único que queda en Países como Colombia, es hacer un llamado a los organismos de control (procuraduría, contraloría, fiscalía y superintendencia de salud), y a entidades como la defensoría del pueblo y las secretarías de salud, para que fortalezcan sus programas de vigilancia, y entiendan que algunas conductas a pesar de no ser ilegales en nuestra jurisprudencia, son inmolares y claramente perjudiciales para la salud de todos los colombianos.
– Este presente documento es un resumen del artículo: “The ignored pandemic of public health corruption: “A call for action amid and beyond SARS-CoV-2/COVID-19”, publicado por una revista científica en India y elaborado con participación de la periodista María Camila Chica Ocampo, la abogada María Isabel Lotero Puentes, y de los doctores Alfonso J. Rodríguez Morales, Diego Rosselli y Jorge Andrés Sánchez Duque. El resumen fue redactado para El Diario por Jorge Andrés Sánchez Duque, Médico y profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira.
