La Procuraduría General de la Nación ha emitido una advertencia a los alcaldes del país para que garanticen la prestación del servicio esencial de bomberos, en el marco de la declaratoria de Situación de Desastre Nacional establecida mediante el Decreto 1372 de 2024.
La Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial subrayó la importancia de formular e implementar acciones concretas en mitigación del riesgo y manejo de desastres. Asimismo, recalcó la necesidad de fortalecer la gestión integral del riesgo contra incendios, la preparación y atención de rescates en todas sus modalidades, y la respuesta ante incidentes con materiales peligrosos.
En la Circular 006 de 2025, el ente de control resaltó la emisión de alertas respecto a la desfinanciación y falta de continuidad en la prestación del servicio de bomberos, especialmente en los municipios de quinta y sexta categoría. Esta situación se debe a omisiones y falencias en los procesos de negociación y suscripción de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios.
Según la Procuraduría, estos procesos, en el mejor de los casos, se adelantan en los dos primeros meses del año, lo que genera discontinuidad en el servicio y un aumento en la vulnerabilidad de las personas, el medio ambiente y los bienes ante desastres naturales o antrópicos no intencionales.
La gravedad de esta problemática se ve agravada por la declaratoria de desastre nacional y las alertas emitidas por organismos técnicos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En el documento dirigido a alcaldes, gobernadores y otras entidades públicas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Procuraduría enfatizó la obligación de garantizar, dentro de sus competencias, la gestión del riesgo contra incendios y la atención de emergencias. Esto implica asegurar la financiación y continuidad del servicio para la vigencia 2025, con el fin de evitar afectaciones que puedan poner en peligro la seguridad y bienestar de la población.
