Por primera vez en 16 años, un presidente colombiano recurre al estado de Conmoción Interior. Gustavo Petro lo hace ante una crisis humanitaria y de seguridad que desborda al Catatumbo, Norte de Santander. La cifra es aterradora: 100 muertos y cerca de 11.000 desplazados en solo una semana.
El Catatumbo, un territorio históricamente marcado por la violencia, enfrenta hoy una guerra cruenta entre el ELN y las disidencias de las FARC, disputas que tienen como trasfondo el control de rutas del narcotráfico y otros negocios ilícitos. En este contexto, el gobierno anunció medidas excepcionales que incluyen la declaratoria de emergencia económica y la asunción de suprapoderes por parte del mandatario, respaldado por la Constitución, aunque bajo la lupa de la Corte Constitucional.
La situación en el terreno es crítica. Los testimonios de la región describen un escenario desbordado: caravanas de desplazados huyendo por caminos rurales, amenazas directas a civiles, cuerpos abandonados y morgues desbordadas en Ocaña y Cúcuta. “Esto parece un tornado, deja muertos y desplazados por donde pasa”, afirmó un funcionario local que prefirió permanecer en el anonimato.
El anuncio de Petro marca un punto de inflexión en su gobierno, cuya política de “Paz Total” ha sido cuestionada tras el fracaso en los diálogos con el ELN. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente declaró: “El ELN eligió la guerra y guerra tendrá”. Las palabras, contundentes, contrastan con el discurso pacifista que ha caracterizado su mandato y generan dudas sobre la coherencia y efectividad de su estrategia de seguridad.
A nivel político, la declaratoria de Conmoción Interior podría ser una herramienta para restablecer el orden, pero también despierta suspicacias. Petro criticó esta medida cuando era senador y ahora enfrenta el desafío de justificar su decisión ante una oposición que no tardará en usarlo como argumento en el contexto de las elecciones de 2026. Analistas políticos como Camilo González advierten que, aunque la medida tiene fundamento constitucional, no resolverá de raíz la problemática de ausencia estatal en regiones como el Catatumbo.
Más allá de los debates políticos, la crisis deja una profunda herida en la población civil. Organismos de derechos humanos y entidades como la Defensoría del Pueblo han advertido sobre una emergencia humanitaria sin precedentes en la región. Mientras tanto, el gobierno enfrenta el reto de brindar refugio a miles de desplazados y garantizar su seguridad.
Paralelamente, los recientes cambios en el gabinete, como el nombramiento de Laura Sarabia como canciller, y la presión internacional, particularmente con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, añaden complejidad al panorama político del país. La relación con Washington podría tensarse aún más si el gobierno colombiano no muestra avances claros en la lucha contra el narcotráfico y la estabilización del orden público.
Este 2025 se perfila como un año crítico para la administración Petro. Con un país dividido y una crisis de seguridad que se intensifica, el mandatario no solo deberá enfrentar el juicio de la Corte Constitucional, sino también el escrutinio de la comunidad internacional y la mirada atenta de sus electores.
¿Será la Conmoción Interior el inicio de una solución o el reflejo de una política de seguridad fallida? La respuesta a esta pregunta marcará el destino de Colombia en los próximos meses.
