La angustiosa pesadilla que vivió la familia de Lyan, el menor de 11 años secuestrado en zona rural de Jamundí, terminó tras 18 días de incertidumbre, negociaciones silenciosas y un alto costo económico y emocional. La familia confirmó que se pagó una cifra millonaria por la liberación del niño, en una operación que tuvo más tintes de abandono estatal que de rescate oficial.
El secuestro ocurrió el pasado sábado 3 de mayo, cuando seis hombres armados irrumpieron en la vivienda del menor, llevándoselo a la fuerza junto con la empleada doméstica, quien fue liberada pocas horas después. Lyan, sin embargo, permaneció en cautiverio hasta el miércoles 21 de mayo, cuando finalmente fue entregado a su familia y a representantes de la Defensoría del Pueblo en una zona rural del corregimiento de Timba, a unos 19 kilómetros del lugar de su secuestro.
Aunque la liberación se dio con presencia de representantes de la Arquidiócesis de Cali, la Defensoría, la Cruz Roja Internacional y la ONU, fue una prima del menor quien jugó un rol decisivo: “Fue valiente, negoció con ellos directamente, algo que nunca vimos reflejado en el Estado”, afirmó Sebastián Bonilla, tío de Lyan, en entrevista con La FM.
Bonilla explicó que la familia se sintió abandonada por las autoridades, al punto que, tras múltiples intentos fallidos de acción por parte de la Policía y el Ejército —quienes se excusaron en que se trataba de una “zona roja”— decidieron negociar directamente con los secuestradores, presuntamente miembros de las disidencias de las FARC.
“Nos vimos obligados a pagar un rescate. No voy a dar una cifra exacta por seguridad, pero nos dejaron endeudados. Lo único que importaba era la vida del niño”, dijo Bonilla, quien también reveló que durante el cautiverio, Lyan fue esposado, amenazado con armas y humillado. Aunque durante dos videollamadas los secuestradores intentaron mostrarlo en buen estado, el niño confesó después que pasó los primeros cuatro días amarrado y esposado.
Fuentes extraoficiales citadas por El Tiempo aseguran que el pago rondó los 4.000 millones de pesos colombianos. Una suma que, aunque no confirmada por los familiares, representa una devastadora carga para una familia que insiste en que no tiene nexos con actividades ilícitas.
“Somos personas de bien. Yo soy médico, el padrastro del niño es comerciante. Tenemos una joyería que lleva más de 13 años funcionando legalmente. No tenemos deudas ni vínculos con el narcotráfico”, enfatizó Bonilla.
Por su parte, Jorsuar Suárez, padrastro del menor, se pronunció en Noticias Caracol y aclaró que nunca había recibido amenazas. Dijo que Lyan “es como su hijo” y que, pese al miedo, lo que siempre mantuvieron fue la esperanza: “Desde que estoy con él le he enseñado a caminar con la frente en alto”.
La joyería de la familia también publicó un comunicado agradeciendo el “acompañamiento espiritual y humano” de las autoridades, pero fue clara al indicar que decidieron guardar silencio por instrucciones de los captores, quienes advirtieron no hablar con medios para preservar la vida del niño.
Lyan se encuentra actualmente bajo observación médica en la Clínica Valle del Lili, en Cali. El centro de salud confirmó que el menor está estable física y psicológicamente, pero continuará bajo seguimiento multidisciplinario antes de regresar a su entorno familiar.
Mientras las autoridades aún investigan el paradero y la identidad de los responsables del secuestro, para la familia de Lyan el único consuelo es su regreso: “Agradecemos a Dios. Verlo con nosotros otra vez es increíble, aunque nada nos devolverá la tranquilidad que nos robaron esos 18 días”, concluyó el tío.
