El ambiente político colombiano se agita nuevamente tras la expedición del controvertido decreto con el que el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular. La decisión ha encendido las alarmas en sectores de la oposición, que califican la medida como una “violación a la Constitución” y anuncian una ofensiva legal sin precedentes para frenar lo que consideran un golpe al equilibrio de poderes en el país.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo… son respondidos positivamente por el Congreso”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X (antes Twitter), asegurando que ya envió el documento a la Corte Constitucional para su revisión.
Sin embargo, esta movida fue recibida con duras críticas desde diversos sectores. El principal cuestionamiento radica en el envío del decreto a la Corte Constitucional y no al Consejo de Estado, como tradicionalmente se hace en este tipo de actos administrativos. Este detalle ha sido interpretado por los opositores como una maniobra para legitimar un acto que, según ellos, transgrede los límites del marco constitucional.
Acciones legales en marcha
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, fue uno de los primeros en reaccionar. “No vamos a permitir que el Gobierno viole la Constitución. La ley está para cumplirse, no para manipularse”, aseguró, anunciando acciones judiciales tanto contra el decreto como contra los ministros que lo avalaron.
En esa misma línea, el concejal bogotano Daniel Briceño informó que presentará una demanda de nulidad contra el decreto y denuncias penales por prevaricato. “No vamos a permitir que usted extorsione al Congreso y al país, tampoco que pase por encima de la Constitución y la ley”, declaró el cabildante.
El exministro de Justicia Wilson Ruiz y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, también anunciaron recursos legales. Cepeda fue enfático al señalar que el decreto presidencial representa “un atropello al equilibrio de poderes” y podría convertirse en un precedente peligroso para la institucionalidad democrática del país.
“Autogolpe de Estado”, denuncia Miguel Uribe
Uno de los pronunciamientos más contundentes vino del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien aseguró que Petro ha emprendido un “autogolpe de Estado”. El congresista presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y anunció que radicará una denuncia penal contra el presidente y sus ministros por prevaricato.
“El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un acto abiertamente ilegal”, sentenció Uribe Turbay, quien también publicó un video anticipando las medidas judiciales que tomaría.
Primera tutela contra el decreto
A las demandas se suma una acción de tutela interpuesta por el constitucionalista Germán Calderón España, en la que se alega una violación al debido proceso y al principio de legalidad. En su petición, Calderón solicita que se suspenda provisionalmente la aplicación del decreto, basándose en el artículo 104 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991.
“Se decrete como medida provisional… la suspensión de la aplicación del Decreto de convocatoria de la consulta popular”, indica el documento radicado ante el Consejo de Estado.
Debate de fondo: ¿Participación ciudadana o desinstitucionalización?
La convocatoria a una consulta popular por parte del Ejecutivo plantea un debate de fondo sobre los límites de la participación ciudadana en el marco de una democracia representativa. Mientras el gobierno defiende el mecanismo como un ejercicio legítimo de soberanía popular, la oposición lo ve como una vía para sortear al Congreso e imponer una agenda política sin los contrapesos constitucionales.
El pulso entre las ramas del poder apenas comienza, y será la Corte Constitucional la que deberá pronunciarse sobre la validez del decreto presidencial. En medio de la controversia, el país observa con atención un nuevo capítulo de tensión institucional que podría definir el rumbo del gobierno y el futuro de la democracia colombiana.
