En el más reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro cuestionó la condena impuesta a la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, quien cumple una sentencia de más de cinco años de prisión por los daños ocasionados al sistema de transporte Transmilenio durante las protestas sociales de 2019.
El mandatario puso en tela de juicio la proporcionalidad del castigo, comparándolo con otros casos de corrupción en los que, según él, no se ha actuado con la misma severidad. “Un funcionario parece tener una casota inmensa en Valledupar (Cesar), que era dinero para la paz y nadie investiga. A Epa se la llevan presa, ¿por cuánto es, Laura? Porque le pegó a un vidrio, ¿cierto? Ella restituye el vidrio que es un bien público, pero lo hace en medio del estallido social”, afirmó Petro ante su gabinete.
El jefe de Estado resaltó que Barrera Rojas fue castigada no solo por sus acciones, sino también por su origen y su condición social. “A Epa la castigan por ser popular, pobre, levantarse, ¿cierto?, y protestar en un momento en que los jóvenes estaban protestando. Castigan la protesta y a la mujer pobre que se levanta, eso es Epa”, expresó el presidente.
Un caso que sigue generando polémica
La influencer fue sentenciada por los delitos de daño al bien ajeno agravado, perturbación al transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas, luego de haber publicado en redes sociales un video en el que destruía parte de una estación de Transmilenio durante las manifestaciones de 2019. Su condena fue ratificada recientemente por la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que deberá cumplir su pena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, sin posibilidad de prisión domiciliaria.
Desde diversos sectores se han planteado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la condena en comparación con otros casos judiciales en el país. Petro hizo un paralelo con escándalos de corrupción, señalando que delitos que involucran millonarios desfalcos muchas veces no reciben un castigo similar. “Aquí nosotros tenemos, posiblemente, 16 billones robados -que es fácilmente investigable porque solo hay que ir al sitio, en qué fecha se hizo el contrato, qué alcalde lo puso, por qué no está la obra. Para la cárcel, pero no va”, agregó el presidente.
¿Gestora de paz?
La controversia se avivó aún más luego de que el abogado de Barrera Rojas, Omar Ocampo, solicitara formalmente al Gobierno que la influenciadora fuera nombrada como gestora de paz, figura que ha sido utilizada por la actual administración para beneficiar a algunos actores en procesos de reconciliación y diálogo social.
Ocampo argumentó que ‘Epa Colombia’ ya había sido designada como “gestora de paz internacional” y que el presidente Petro, quien en su momento recibió una segunda oportunidad tras la restitución de sus derechos por parte de la Corte Interamericana, podría otorgarle el mismo beneficio. “Ella también puede ser designada por el presidente Petro, que es el que ha recibido las dobles oportunidades cuando estaba en la Alcaldía y la Corte Interamericana le restituyó sus derechos”, señaló el abogado.
El debate sobre la condena de ‘Epa Colombia’ y la postura del presidente Petro continúa dividiendo opiniones en el país. Mientras algunos sectores respaldan la decisión judicial como una medida ejemplarizante contra el vandalismo, otros ven en ella un castigo desproporcionado que afecta a una persona de origen humilde que, posteriormente, ha intentado redimirse a través de su trabajo y emprendimientos.
