Largas filas, fallas en el servicio, incertidumbre sobre la continuidad del trámite y una investigación disciplinaria a altos funcionarios del Gobierno resumen el complejo panorama de la expedición de pasaportes en Colombia.
En los últimos días, ciudadanos han reportado extensas filas en las sedes de la Cancillería para tramitar o renovar su pasaporte. Este miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que una falla eléctrica que afectó el servicio de internet en la sede de la Calle 12, en Bogotá, generó retrasos y obligó a reprogramar las citas de ese día, sumándose a los inconvenientes que han dificultado el proceso para los usuarios.
Aunque la Cancillería asegura que actualmente el trámite se adelanta con normalidad, las dificultades para obtener citas virtuales y la falta de claridad sobre la operación a partir de septiembre mantienen en vilo a quienes requieren el documento.
El fondo de la polémica
El origen de la crisis se remonta a 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva suspendió el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que durante 17 años produjo los pasaportes, alegando falta de libre competencia en la licitación. El Gobierno Petro planteó trasladar la fabricación a la Imprenta Nacional, con apoyo de Portugal, pero enfrentó cuestionamientos sobre la capacidad técnica de esta entidad.
Laura Sarabia, quien renunció recientemente como canciller, había prorrogado por un año el contrato con Thomas Greg & Sons antes de su salida, argumentando que la Imprenta Nacional no tenía la capacidad para asumir la producción de 8.000 pasaportes diarios. Sin embargo, esta decisión fue revertida por orden del presidente Gustavo Petro a través de Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial.
El martes, en la Casa de Nariño, se realizó una reunión con delegados de la embajada de Portugal, la canciller encargada Rosa Villavicencio y la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, para buscar una salida a la crisis, aunque no se revelaron detalles.
La Imprenta Nacional aún no está lista
Un documento de la Cancillería dirigido a la Procuraduría, fechado el 25 de junio, confirma que la Imprenta Nacional requiere 35 semanas (casi 9 meses) para iniciar la elaboración de pasaportes tras la firma del convenio interadministrativo, lo que haría inviable comenzar operaciones en septiembre.
La Cancillería advirtió que, mientras tanto, evalúa otras alternativas para garantizar la continuidad del servicio, incluyendo un borrador de decreto para fortalecer la capacidad de la Imprenta y la posibilidad de que, si no puede atender la demanda, se autorice contratar el servicio con terceros en el sector privado.
Investigación de la Procuraduría
En medio de esta situación, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, en su calidad de ministros de Relaciones Exteriores, y contra Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial, por presuntas irregularidades en el manejo del proceso de expedición de pasaportes.
El Ministerio Público indicó que Sarabia habría conocido en abril de este año que el cronograma para implementar el nuevo modelo era inviable, mientras que Murillo habría utilizado de forma indebida la figura de urgencia manifiesta. Sobre Saade, la Procuraduría señaló que se habría extralimitado en sus funciones al impartir órdenes para la racionalización de las citas en las sedes de expedición.
¿Está en riesgo la expedición de pasaportes?
Por ahora, el Gobierno insiste en que la expedición de pasaportes continúa con normalidad. Sin embargo, la falta de definiciones claras, los tiempos técnicos que requiere la Imprenta Nacional y las tensiones internas en el Gobierno generan incertidumbre sobre la continuidad del servicio en los próximos meses.
Mientras se avanza en la búsqueda de soluciones y se desarrolla la investigación disciplinaria, cientos de colombianos continúan enfrentando demoras e incertidumbre en el trámite de un documento clave para viajar y realizar diligencias fuera del país.
