Dramática realidad de la violencia sexual
A las puertas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) vuelve a encender las alarmas: alrededor de 840 millones de mujeres, casi una de cada tres en el planeta, han sufrido violencia de pareja o sexual en algún momento de su vida. El dato, actualizado con información hasta 2023, muestra que esta es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del mundo… y una de las que menos ha cambiado en dos décadas.
Según la OMS, la violencia ejercida por la pareja apenas ha disminuido un 0,2 % anual en los últimos 20 años, un avance tan pequeño que, en la práctica, mantiene casi intacto el riesgo para millones de mujeres. La media mundial de mujeres que han sufrido violencia física o sexual dentro de la pareja es del 24,7 %, pero en Colombia la cifra se eleva al 29,8 %, por encima tanto del promedio de América Latina (23,5 %) como del global. Es decir, en el país casi una de cada tres mujeres ha vivido agresiones en el marco de una relación afectiva.
El informe es el primero que la OMS publica sobre esta cuestión en cuatro años y, por primera vez, incluye estimaciones específicas sobre violencia sexual fuera del ámbito de la pareja. Al menos 263 millones de mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales por parte de alguien que no era su compañero sentimental, aunque el organismo advierte que el número real puede ser aún mayor, debido al miedo a denunciar y al estigma que todavía pesa sobre las víctimas.
Colombia: cifras alarmantes
La magnitud del problema global se refleja con crudeza en las estadísticas colombianas. Según el informe anual de Planeación, en 2024 se registraron 31.474 casos de delitos sexuales en el país, lo que equivale a una tasa cercana a 59,7 casos por cada 100.000 habitantes. Solo entre enero y mayo de 2025 se notificaron 11.575 casos, una reducción de aproximadamente 8,6 % frente a los 12.662 reportados en el mismo periodo de 2024.
Aunque la caída puede leerse como una señal alentadora, especialistas advierten que una disminución en las denuncias no siempre significa menos violencia: también puede reflejar desconfianza en la justicia, miedo a represalias o falta de rutas claras para denunciar. En un contexto donde la violencia de género sigue normalizada en muchas familias y comunidades, la cifra negra —los casos que nunca llegan a los registros oficiales— sigue siendo un enorme punto ciego.
Otros indicadores oficiales completan el cuadro. Hasta septiembre de 2024 se practicaron 16.797 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, con el 88 % de las víctimas siendo mujeres. A octubre del mismo año, el Instituto Nacional de Salud reportó 28.944 casos de violencia sexual contra mujeres. Más allá de las diferencias metodológicas entre instituciones, el mensaje es claro: la violencia sexual continúa siendo una pandemia silenciosa que atraviesa al país de norte a sur.
El desglose por tipo de delito también es revelador. En 2024, el Observatorio Nacional de Salud registró 10.089 casos de acceso carnal violento (violación), 9.798 de actos sexuales abusivos, 3.956 de acoso sexual y 4.909 de otras formas de violencia sexual. En conjunto, estas modalidades concentran la mayoría de agresiones denunciadas contra mujeres. Detrás de cada número hay una historia de miedo, dolor y, muchas veces, de impunidad.
Niñas y adolescentes, las más golpeadas
Las víctimas de estos delitos son, en su mayoría, menores de edad. El Instituto de Medicina Legal reportó que en 2020 el 85,1 % de los exámenes médico-legales por delitos sexuales correspondieron a niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. La Defensoría del Pueblo ha insistido en que las niñas y adolescentes son las principales víctimas de la violencia sexual en Colombia, lo que revela un patrón de agresiones que se concentran en quienes menos herramientas tienen para defenderse.
El informe de la OMS coincide en señalar a las adolescentes como uno de los grupos más vulnerables. A escala global, el 16 % de las chicas de entre 15 y 19 años —unos 12,5 millones de adolescentes— sufrió violencia física o sexual por parte de su pareja en el último año analizado. En contextos como el colombiano, donde la mayoría de las agresiones sexuales registradas afectan a menores y persisten patrones culturales que toleran el control y la subordinación de las mujeres, el dato adquiere un significado especialmente preocupante.
En muchos casos, los agresores son personas cercanas: parejas, exparejas, familiares o figuras de autoridad. La violencia ocurre en espacios que deberían ser seguros —el hogar, la escuela, la comunidad— y esto dificulta aún más la denuncia. Para las adolescentes, romper el silencio suele implicar enfrentarse no solo al agresor, sino también a entornos que les exigen “aguantar”, perdonar o guardar las apariencias.
Risaralda: menos denuncias, no necesariamente menos violencia
La realidad descrita por la OMS también se vive, con rostro propio, en los territorios. En el departamento de Risaralda, los registros del Departamento Nacional de Planeación muestran que en 2024 se reportaron 525 casos de delitos sexuales, para una tasa de 53,9 casos por cada 100.000 habitantes, muy cercana a la media nacional.
Entre enero y mayo de 2025 se contabilizaron 180 casos, frente a 208 en el mismo lapso de 2024, lo que supone una reducción aproximada del 13,5 %. A primera vista, la tendencia parece positiva. Sin embargo, organizaciones locales y profesionales de la salud y la justicia advierten que no hay razones para el triunfalismo: muchas víctimas siguen callando por miedo a represalias, por dependencia económica respecto del agresor o porque no confían en que la denuncia llegue a buen término.
Risaralda, con una fuerte concentración urbana y una intensa movilidad hacia otras regiones, enfrenta retos adicionales como la explotación sexual comercial y la violencia en entornos escolares y comunitarios. Esta combinación de factores obliga a pensar en respuestas integrales: no basta con que las mujeres denuncien, es necesario que encuentren atención inmediata en salud, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y, cuando sea necesario, refugios seguros.
