La Cumbre de las Américas apuntó al “futuro sostenible”; un desafío de transición ecológica muy dispar que compromete por un lado a Estados Unidos, segundo emisor mundial de carbono, y por otro a Latinoamérica, una de las regiones más impactadas por la crisis climática y que no logra frenar la deforestación de sus bosques.
En un mundo postpandemia que apuntaba a cambiar paradigmas, las emisiones de gases de efecto invernadero están casi en los mismos niveles que antes de 2019, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Y es que, pese a los compromisos de mitigación adoptados por varios países americanos, el impacto de las políticas aplicadas hasta la fecha aún está lejos de ser suficiente. Estudios independientes citados por el PNUMA sugieren, por ejemplo, que Estados Unidos y Canadá deberían realizar considerables esfuerzos adicionales para cumplir sus metas, e incluso prevén que países como Brasil y México, las dos mayores economías de Latinoamérica y principales responsables de las emisiones en la región, registren en 2030 valores superiores a 2010, igual que Argentina.
Mientras el empeño del hemisferio norte debe centrarse en la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, en el sur urge frenar la deforestación, insiste el gerente de programas Andes Amazonía de la plataforma Tropical Forest Alliance (TFA), Javier Ortiz.
En la Amazonía, el pulmón verde del planeta y la principal herramienta de mitigación de la crisis climática, la deforestación sigue batiendo récords. Así lo muestran los datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), que a través de imágenes satelitales estimó que la Amazonía perdió 2,3 millones de hectáreas en 2020, el tercer peor registro de los últimos 20 años, y en 2021 también rondó las 2 millones de hectáreas.
Según detalla Ortiz, las principales causas obedecen a la expansión agrícola y las plantaciones forestales, pero el acaparamiento de tierras y las actividades ilegales y extractivas también juegan un rol esencial, en particular la minería. En ese sentido, el especialista en desarrollo rural y medioambiente considera urgente apostar por acciones concretas que asignen valor financiero al bosque y reviertan la baja rentabilidad de los productores para evitar que la sigan “compensando” con la expansión hacia nuevas áreas.
“Mientras el bosque no tenga un valor y no se compense, va a ser muy difícil que se conserve bajo unos contextos de pobreza y dificultad social”, comenta Ortiz, tras mencionar la necesidad de “equilibrar el comercio internacional” y recordar que apenas el 10 % del valor final de los productos llega al productor.
Desde 2002, la Amazonía ha perdido más de 27 millones de hectáreas de bosque primario por deforestación, casi el tamaño de Ecuador, sin contar unos 6,7 millones de hectáreas por incendios, de acuerdo a la estimación del MAAP. Precisamente esos incendios generaron una alarma mundial sin precedentes en 2019, pero ya sin los ojos del mundo puestos en ella siguió ardiendo en silencio a niveles incluso más altos aún en 2020 y en 2021 (436.000 hectáreas). Con los incendios pensábamos que los Gobiernos iban a tomar medidas, pero en países como Brasil aumentó la invasión y las amenazas a los territorios indígenas, al igual que en Colombia y Perú”, denuncia a Gregorio Díaz Mirabal, líder de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), que agrupa a 511 pueblos originarios de los nueve países que comparten la Amazonía. Esta reducción del bosque tropical más grande del mundo no solo va contra el objetivo de frenar el calentamiento global, sino que afecta al ecosistema de la mayor reserva de agua dulce del planeta, una zona que puede convertirse en la principal fuente mundial de hidrógeno, el combustible que apunta a sustituir al petróleo y el gas.
