El fiscal especial Jack Smith ha dado a conocer un informe explosivo de 165 páginas que detalla la conducta delictiva de Donald Trump y su equipo tras las elecciones de 2020. El informe ofrece pruebas claras de cómo Trump, actuando en su capacidad privada, orquestó múltiples intentos ilegales para revertir los resultados de las elecciones presidenciales, alegando falsamente fraude en siete estados clave: Arizona, Georgia, Míchigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin.
Smith sostiene que Trump, con la ayuda de colaboradores cercanos, desplegó una serie de esquemas “cada vez más desesperados” para alterar los resultados electorales legítimos y mantenerse en el poder. En su moción, el fiscal argumenta que, aunque Trump ocupaba la presidencia en ese momento, sus actos fueron privados y no cubiertos por inmunidad presidencial. “Recurrió a delitos para intentar mantener su posición en el cargo”, asegura el informe, desestimando así cualquier argumento de inmunidad que su defensa pudiera proponer.
El informe, autorizado para hacerse público por la jueza Tanya Chutkan, incluye nueva evidencia de las acciones de Trump en torno a la insurrección del 6 de enero de 2021, que resultó en cinco muertos y casi 140 agentes heridos. Según Smith, Trump manipuló a sus seguidores, mintiendo deliberadamente sobre un supuesto fraude electoral, lo que llevó a que miles de manifestantes marcharan hacia el Capitolio, con unos 800 entrando violentamente en el edificio mientras el Congreso certificaba la victoria de Joe Biden.
Un aspecto clave del caso es si Trump actuó como presidente o como candidato en sus intentos de invalidar los resultados electorales. El Tribunal Supremo de EE.UU. ya había concedido una inmunidad parcial a Trump, afirmando que un expresidente no puede ser procesado por actos oficiales realizados en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, Smith argumenta que las acciones de Trump fueron fundamentalmente privadas, y por lo tanto, no están protegidas por la inmunidad presidencial.
Entre los elementos más reveladores del informe está la afirmación de que Trump interactuó con funcionarios estatales, utilizó redes sociales, y dirigió su equipo de campaña con el único fin de socavar los resultados de la elección, sin ningún rol oficial en el proceso de certificación de votos. Estas interacciones, al igual que sus contactos con el entonces vicepresidente Mike Pence, son presentadas por Smith como intentos criminales para interferir en un proceso gubernamental sobre el cual no tenía autoridad.
El equipo legal de Trump intentó evitar que estas nuevas pruebas se hicieran públicas antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en las que el exmandatario se enfrenta a Kamala Harris, la actual vicepresidenta, que sigue superándolo en las encuestas. Sin embargo, la decisión de la jueza Chutkan ha permitido que estos documentos vean la luz, poniendo aún más presión sobre Trump en medio de una campaña que ya enfrenta una creciente controversia
