Según el Min TIC, en pocos meses comenzarán las pruebas piloto para la adopción de la tecnología 5G en el país, sin embargo, de los colombianos hoy conectados a internet, tan solo el 60 % tiene acceso al 4G, mientras que el 35 % usa el 3G, y el 5 %, aún recibe la señal a través del 2G.
Si todos los planes del gobierno nacional se ejecutan como han sido proyectados, el 2025 será el año en que Colombia podrá comenzar la implementación de las redes 5G, pero esto depende de muchos factores, incluyendo la correcta ejecución de la reciente asignación de espectros, que obliga a los operadores favorecidos (Claro, Tigo y Partners) a subir sus redes de 2 y 3G a 4G para beneficiar a más de 3600 localidades rurales de 32 departamentos del país que aún viven en el atraso tecnológico.
Así las cosas, el país, por fin, entrará en una dinámica de modernización tangible que incluye las pruebas que este año comenzarán a realizarse para implementar la tecnología 5G, cuyo espectro se asignará en 2021.
Existen dos retos muy importantes a nivel regulatorio: el primero tiene que ver con la gestión del espectro en donde se debe garantizar un marco jurídico adecuado que facilite e incentive la inversión en tecnologías 5G. La normatividad deberá tener la flexibilidad que permita su actualización, conforme a las tendencias, necesidades de los usuarios y nuevos avances tecnológicos.
El otro reto importante es la armonización entre las necesidades de infraestructura, como en el caso de la seguridad ciudadana, el manejo de tráfico vehicular o las alarmas de contaminación ambiental, entre muchas otras aplicaciones, y las regulaciones ambientales sobre contaminación visual y radioeléctrica, producto de la densificación de la infraestructura que es necesaria para el despliegue de las redes 5G.
Pensando en estos desafíos, ya la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) prevé realizar un diagnóstico de la regulación necesaria para su despliegue, y adelantó una revisión al marco vigente en donde identifica estos tres criterios para revisar: obstáculos para modernizar las redes móviles, la afectación a la protección de derechos de los usuarios de telecomunicaciones y el impacto en el crecimiento de los servicios IoT y M2M.
