Acemi y ANDI solicitan medidas urgentes al Gobierno Nacional para superar la grave situación financiera que afecta a las EPS y pone en riesgo la atención médica en el país.
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) afiliadas a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) emitieron un llamado de alerta al Gobierno nacional, debido a la crisis financiera que amenaza la estabilidad del sistema de salud en el país.
Acemi, que representa a las EPS del régimen contributivo, expresó su preocupación por la falta de medidas por parte del Ministerio de Salud para garantizar la suficiencia de los recursos y el pago de deudas pendientes a las EPS. Ante esto, el gremio resaltó la necesidad de ajustes a la unidad de pago por capitación (UPC) para el año 2024, considerando el creciente gasto en salud y las desviaciones acumuladas en los últimos años.
“Urgen medidas desde el Ministerio de Salud y Protección Social para garantizar los recursos del financiamiento sectorial y asegurar con ello la atención en salud de la población colombiana”, Señaló Acemi en un comunicado.
El gremio también alertó sobre la falta de espacios técnicos para revisar y discutir el cálculo de la UPC, advirtiendo que la falta de un incremento acorde con la realidad del gasto del sistema podría tener consecuencias graves para la estabilidad del sector y la atención adecuada de los pacientes.
A días de finalizar el año, las EPS agremiadas en ACEMI enviamos un mensaje de urgencia al @MinSaludCol para definir con prontitud las acciones tendientes a asegurar la suficiencia de los recursos de la salud y el pago de los valores adeudados a las EPS. Aquí el comunicado👇🏼 pic.twitter.com/byBm1bKLAa
— ACEMI (@acemi_gremio) December 20, 2023
De igual manera, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral denunció que hasta octubre pasado, el Ministerio de Salud no pagó los presupuestos máximos (plata con la que se pagan los servicios de salud que no están cubiertos por el plan de beneficios en salud) de julio a octubre de 2023, afectando las finanzas de las EPS y generando problemas de desabastecimiento en la atención a pacientes. Los presupuestos máximos de noviembre y diciembre tampoco fueron cancelados, exponiendo a pacientes de enfermedades de alto costo a riesgos significativos.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y las Cámaras de la Salud, que agremian a los aseguradores, prestadores y proveedores de tecnologías en salud, se sumaron al llamado. “Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que proteja el derecho fundamental a la salud de toda la población colombiana, amenazado por la crisis financiera del sector”, expresaron.
En el oficio, Acemi cuestionó la asignación de recursos de la adición presupuestal por más de $2 billones, destinados a otros proyectos en lugar de cubrir los presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2023.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y las Cámaras de la Salud, que agrupan a los aseguradores, los prestadores y los proveedores de tecnologías en salud.
La ANDI y las Cámaras de la Salud proponen trabajar conjuntamente con el gobierno en un plan que garantice la prestación del servicio a los pacientes, asegurando flujos de recursos adecuados y suficientes. Se resalta la necesidad de cubrir los servicios, medicamentos, pagos al personal de salud y demás costos de manera oportuna.
Tras recopilar información de diversos estudios, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) concluyó que los recursos asignados para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) desde 2021 fueron insuficientes. Esto ha generado una deuda acumulada de aproximadamente 5 billones de pesos en los últimos 3 años.
Estos datos se alinean con la información de la Superintendencia Nacional de Salud, que reveló una pérdida acumulada de más de 1.2 billones de pesos y un deterioro patrimonial cercano a los 4 billones de pesos hasta septiembre de 2023. Adicionalmente, señalaron que el aumento en los costos de salud, motivado por la demanda post-COVID, envejecimiento poblacional, ampliación del Plan de Beneficios en Salud y cambios macroeconómicos, contribuyó a la crisis actual.
