En medio de una creciente ola de violencia en diferentes regiones del país, el Gobierno Nacional ha quedado en el ojo del huracán tras la decisión de suspender las operaciones militares contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá. La medida, formalizada mediante decreto presidencial, ha sido duramente cuestionada por varios sectores políticos, gobernadores y líderes de opinión, que acusan al Ejecutivo de debilitar la capacidad de respuesta del Estado frente a organizaciones armadas ilegales.
El decreto, expedido por el presidente Gustavo Petro, ordena detener las operaciones ofensivas tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional contra los bloques ‘Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’, ‘Comandante Jorge Suárez Briceño’ y ‘Frente Raúl Reyes’. Estos frentes conforman el Estado Mayor de Bloques (EMB), escindido del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas Farc.
El documento establece que el cese de operaciones se mantendrá hasta las 24:00 horas del 18 de mayo de 2025, y contempla la creación de un equipo de evaluación política y un mecanismo de comunicación para prevenir incidentes durante los diálogos. Sin embargo, la medida llega en un momento particularmente sensible: solo durante la Semana Santa, se registraron dos ataques con explosivos atribuidos a las disidencias, que dejaron varios civiles muertos, entre ellos dos jóvenes hermanos en Huila y una mujer en Santander de Quilichao, Cauca.
Reacciones de rechazo
Una de las voces más críticas fue la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien calificó la decisión como una “burla contra militares y policías”, asegurando que “no ha hecho más que permitirles enriquecerse y fortalecerse (a las disidencias) para arrinconar a los colombianos”. Rendón, a través de un video publicado en su cuenta de X, instó al Gobierno a “desatar de las manos” a las fuerzas de seguridad y retomar las operaciones contra los grupos armados ilegales.
En la misma línea se pronunció el senador Miguel Uribe, quien afirmó que el decreto “dejará a la población del Magdalena Medio a merced de las disidencias de las Farc”. El congresista no dudó en señalar que esta decisión es un reflejo del “fracaso absoluto” de la política de paz total promovida por el presidente Petro: “La seguridad no es guerra, Petro se equivoca”, escribió en X.
La ONU condena ataques y pide respeto al DIH
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia también se pronunció, aunque desde un ángulo distinto. Condenó los recientes ataques en Huila y Cauca, y pidió que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados. La ONU reafirmó su apoyo a los esfuerzos del Gobierno para alcanzar una solución negociada, pero insistió en la obligación de todos los actores armados de respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos y el DIH. Recordamos que los ataques indiscriminados están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario”, expresó el organismo internacional.
Entre la paz y la seguridad
La decisión del Gobierno de suspender operaciones contra alias Calarcá y su estructura armada se enmarca en los esfuerzos de la llamada “paz total”, una ambiciosa apuesta del Ejecutivo que busca negociar con todos los actores armados ilegales del país. Sin embargo, los recientes episodios de violencia y la percepción de impunidad han intensificado el debate nacional sobre los límites de la negociación y el imperativo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Mientras tanto, en regiones como el Cauca, Huila y el Magdalena Medio, la incertidumbre crece entre las comunidades, que claman por presencia estatal efectiva y garantías de protección. La tensión entre el deber de dialogar y la necesidad de actuar sigue siendo uno de los grandes dilemas del actual Gobierno.
