Sebastián Arango Nader
Ahora que discutimos sobre la presencia de niños en la guerra, vale la pena recordar la foto publicada en 1902 por la revista francesa L’Illustration, en la que aparecen tres niños combatientes de la Guerra de los Mil Días (1899-1902). Según la maestra Beatriz González, la imagen corresponde a la Batalla de Peralonso, en diciembre de 1899, donde triunfaron los rebeldes liberales. Por la dureza la escena, se convirtió en un documento simbólico de la historia política colombiana: los niños, superados en tamaño por sus armas, apenas pueden sostener las distinciones militares que les fueron otorgadas.
Esta foto nos hace pensar que la sociedad colombiana parece atrapada en una escena que se repite sin cesar: la presencia de niños en la guerra. No hemos salido, en el fondo, del retrato de Peralonso. En los últimos días, la muerte de menores reclutados por grupos armados ilegales, como consecuencia de bombardeos ejecutados por el Estado, volvió a poner el tema en el centro de la discusión pública. Además de lamentar la tragedia que suponen estas muertes, quisiera detenerme en dos aspectos.
Por un lado, está suficientemente ilustrado que los grupos armados ilegales han reclutado menores en proporciones alarmantes -y lo siguen haciendo- para entrenarlos como combatientes, explotarlos sexualmente e instrumentalizarlos como escudos humanos. Por otro, es evidente que la fuerza aérea constituye la principal ventaja estratégica del Estado frente a esos grupos; renunciar a ella implicaría el abandono de un valioso recurso de ataque y disuasión, lo que no se puede permitir en un momento en que la violencia se intensifica en varias regiones del país. Esto configura un escenario especialmente complejo para la toma de decisiones militares, en tensión con la realidad humanitaria y con las posiciones políticas en disputa.
El Gobierno y sus partidarios tienen aquí un desafío de coherencia. El presidente -cuando era senador- y varios de sus aliados condenaron con severidad un episodio similar que se dio en el gobierno anterior. En ese momento lo calificaron como un crimen de guerra. Lo más llamativo es que entonces también comprendían la complejidad del problema; no se trata de algo descubierto ahora. Sin embargo, por cálculos políticos, optaron por reducirlo a un dilema moral con una única salida evidente. Hoy, cuando se les exige coherencia, recurren —con razón— a la complejidad que antes desestimaron.
Del otro lado, algunos sectores opositores buscan convertir la coyuntura en un castigo político contra el Gobierno, sin considerar que quienes verdaderamente se beneficiarían de una parálisis en las capacidades militares del Estado serían los grupos armados responsables del reclutamiento de menores.
La situación nos confronta con la crudeza de la guerra y con la dificultad de mantener la coherencia que se reclama al Gobierno. Es un escenario en el que los absolutos morales se enfrentan con la realidad, una que, como en aquella foto de Peralonso, parece repetirse una y otra vez.
