La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves a 12 exintegrantes del Batallón La Popa, de Valledupar, por su responsabilidad en los asesinatos de 135 civiles presentados falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira.
Los exmilitares recibieron una sentencia restaurativa de hasta ocho años, que deberá cumplirse a través de proyectos de reparación a las víctimas. La magistrada Ana Manuela Ochoa explicó que “a este monto se le aplicó un descuento proporcional al tiempo que permanecieron privados de la libertad en la justicia ordinaria”, por lo cual las condenas individuales oscilan entre 5 años y 10 meses y 8 años exactos.
¿Quiénes son los condenados y cuánto tiempo pagarán?
La sentencia recayó sobre cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales:
Guillermo Gutiérrez (mayor): 8 años.
Manuel Valentín Padilla (sargento primero): 8 años.
Eduart Gustavo Álvarez (teniente): 8 años.
Yeris Andrés Gómez (soldado profesional): 7 años, 7 meses y 22 días.
Alex José Mercado (soldado profesional): 7 años.
José de Jesús Rueda (sargento viceprimero): 6 años, 11 meses y 24 días.
Juan Carlos Soto (soldado profesional): 6 años, 7 meses y 6 días.
Heber Hernán Gómez (mayor): 6 años, 5 meses y 6 días.
Efraín Andrade (sargento viceprimero): 6 años, 1 mes y 6 días.
Elkin Rojas (cabo tercero): 6 años, 1 mes y 12 días.
Carlos Andrés Lora (subteniente/teniente): 5 años, 10 meses.
Elkin Leonardo Burgos (subteniente): 5 años, 7 meses y 12 días.
Otros tres exmilitares —Julio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz— no aceptaron responsabilidad y enfrentan procesos separados.
Plan de reparación: mausoleo y memorial para las víctimas
Además de cumplir con sus condenas, los exmilitares deberán ejecutar un plan integral de memorialización en la Costa Caribe. Este incluye la construcción de un mausoleo de la memoria en el cementerio de Valledupar, con 700 osarios y sus respectivas lápidas en honor a las víctimas.
Los trabajos se desarrollarán de lunes a viernes en la capital del Cesar, donde los comparecientes deberán residir durante el cumplimiento de las medidas restaurativas, bajo un esquema de restricción de movilidad, seguridad y monitoreo definido por la JEP.
Crímenes en connivencia con las AUC
Según el tribunal de paz, las víctimas fueron capturadas arbitrariamente o engañadas y luego presentadas como guerrilleros dados de baja en combate. Estos crímenes se perpetraron en alianza entre integrantes de la fuerza pública y frentes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La magistrada Ochoa subrayó que los comparecientes “han aportado verdad, han reconocido su responsabilidad y se han comprometido con la reparación de las víctimas y la no repetición de los crímenes”, elementos clave para que pudieran acceder a la sanción propia contemplada en el sistema transicional.
Con este fallo, la JEP marca un nuevo precedente dentro del Macrocaso 03, que investiga los llamados “falsos positivos” en distintas regiones del país, y avanza en la construcción de verdad y memoria histórica para miles de familias que aún esperan justicia.
