La polémica no cesa alrededor de Laura Gallego Solís, quien hasta hace unos días era la representante de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza 2025, y que renunció a su participación luego de que se difundieran videos donde lanza comentarios que podrían considerarse incitación a la violencia contra el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.
En las grabaciones, Gallego Solís aparece junto al abogado Abelardo de la Espriella y el empresario Santiago Botero, participando en una dinámica en la que, en tono hipotético, menciona “dar bala” al mandatario y al exalcalde paisa. Las imágenes generaron una ola de indignación pública, que llevó a su retiro inmediato del certamen y a múltiples llamados de las autoridades para que se investigue el caso.
De acuerdo con el Código Penal Colombiano, la exreina podría ser procesada por varios delitos, entre ellos:
Amenazas (art. 347): con penas de 4 a 8 años de prisión.
Instigación a delinquir (art. 348): de 3 a 7 años de cárcel, agravada si se realiza públicamente o por redes sociales.
Terrorismo (art. 343): de 15 a 20 años, si los actos generan miedo o afectan el orden constitucional.
Apología al delito (art. 348A): sanciona la justificación o promoción de delitos, especialmente si se dirigen contra funcionarios públicos.
Atentado contra la vida o integridad de funcionario público (arts. 429 y 430): con penas mayores si la amenaza se convierte en intento o acto violento.
Aunque hasta el momento no existe una investigación formal en curso, la situación podría cambiar tras el anuncio de Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, quien confirmó que presentará una denuncia ante la Fiscalía por incitación al odio y la violencia.
En un video difundido en su cuenta de X, Osorio expresó su rechazo al mensaje de la exseñorita Antioquia:
“Esta mujer busca hacerse famosa promoviendo un nuevo magnicidio en nuestro país… No podemos matarnos por pensar diferente”.
La denuncia, según Osorio, podría acarrear penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de la calificación jurídica que determine la justicia.
El episodio ha abierto un amplio debate sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales y la responsabilidad pública de figuras con influencia mediática, en especial cuando sus mensajes pueden incentivar actos de violencia en un país marcado por una larga historia de intolerancia política.
