El presidente Gustavo Petro firmó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, señalado líder de la banda criminal La Inmaculada, antes de que el propio Gobierno anunciara el inicio de diálogos exploratorios con ese grupo delincuencial.
De acuerdo con lo registrado en el Diario Oficial, el aval del jefe de Estado lleva fecha del 4 de diciembre. Solo un día después, el 5 de diciembre, la Presidencia expidió la resolución con la que se informó el comienzo de las conversaciones exploratorias con la estructura criminal, lo que deja en evidencia la coexistencia de dos caminos: la cooperación judicial con Estados Unidos y el intento de avanzar en la denominada “paz total”.
Un prontuario pesado y cargos por narcotráfico
Para darle luz verde a la extradición, el Gobierno tuvo en cuenta el extenso prontuario criminal de Marín. Según el documento oficial, sobre alias “Pipe Tuluá” pesan cuatro condenas y 11 investigaciones activas por distintos delitos en Colombia.
Además, las autoridades revisaron los cuatro cargos por narcotráfico por los que es requerido por la justicia de Estados Unidos, país que lo señala de participar en estructuras de tráfico internacional de drogas.
La decisión de Petro se enmarca en el compromiso de mantener la cooperación judicial con Washington frente a grandes capos del narcotráfico, incluso mientras, en paralelo, el Gobierno explora salidas negociadas con algunas organizaciones criminales en el territorio nacional.
La extradición de alias “Pipe Tuluá” abre ahora un nuevo capítulo en el manejo de la política criminal del Ejecutivo, marcado por la tensión entre los llamados a la “paz total” y la presión interna y externa para que los máximos responsables de economías ilícitas respondan ante la justicia.
