En unos veinte días abrirá en Pereira sus puertas la oficina de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la cual tendrá jurisdicción en la zona del Eje Cafetero y depende de la macro-regional que opera en Medellín para Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. Al frente de este despacho, en calidad de coordinador territorial, está Óscar Fernando Martínez Herrera, antropólogo con maestría en Territorio, Conflicto y Cultura y quien cursa un doctorado en Ciencias Políticas. La Comisión de la Verdad se instaló en noviembre del 2018 y empezó a funcionar hace dos meses en la región en el desarrollo de pedagogía, toma de testimonios y interacción con los distintos actores. Sobre los alcances del trabajo de esta comisión, lo que han encontrado hasta ahora y el real alcance del conflicto armado en el Eje Cafetero, hablamos con Martínez Herrera.
¿Qué se ha logrado avanzar en este trabajo postconflicto?
Lo que se ha avanzado hasta ahora es hacer ejercicios de pedagogía sobre lo que es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, también empezar a identificar algunas hipótesis de lo que fueron la razón y los patrones explicativos del conflicto armado en el Eje Cafetero. Uno de los objetivos de la comisión que es el esclarecimiento ha sido encontrar cuáles fueron las causas estructurales del conflicto para estos tres departamentos, estamos trabajando sobre algunas hipótesis explicativas de que fue lo que nos pasó en el marco del conflicto y cuál ha sido el impacto para la región.
¿Cuáles son las líneas de trabajo de esta comisión?
Tiene cuatro componentes esenciales: Esclarecimiento, para saber qué pasó durante del conflicto; Reconocomiento, que es reconocer las víctimas en el marco de su dignificación y de su condición de supervivientes y resistentes al conflicto; Convivencia, que es buscar mecanismos de convivencia entre la sociedad para la construcción de paz; y No Repetición, que es buscar entender qué pasó en los patrones del conflicto para no repetir esas causas estructurales de lo que pasó y que dinamizó la guerra en algún momento.
¿Este trabajo parte de una radiografía de lo que sucedió en el Eje Cafetero en materia de conflicto armado?
En el Eje Cafetero hay una problemática central y es que hay una naturalización de los fenómenos violentos. El conflicto armado se naturalizó y se parte de una tesis, que no es tan cierta y que hemos debatido bastante en estos últimos meses, según la cual no hubo presencia del conflicto armado en el Eje Cafetero. En los tres departamentos hubo presencia de todos los actores armados, de todas las dinámicas: insurgentes, paramilitares y distintos actores. Digamos que hubo unas dinámicas y unos repertorios del conflicto en todos sus niveles. Así que lo primero es desmitificar la idea de que no hubo conflicto armado en el Eje Cafetero, todo lo contrario: hay un ocultamiento, digamos, por parte de algunos actores sobre su existencia y lo que ha venido encontrando la Comisión particularmente es que sí hubo muchas lógicas del conflicto armado, de confrontación, de repertorios violentos del mismo conflicto, que estuvieron presentes en todos los municipios y en todos los departamentos del Eje Cafetero.
¿En ese escenario, es posible que Risaralda haya sido de los menos afectados?
No, yo creo que en cada uno se vivieron formas diferentes de violencia y el impacto ha sido diferenciado. En Risaralda, en particular, encontramos formas de violencia desde la estatal promovida por actores del Estado como los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extraoficiales que acá tuvieron presencia, como también el desarrollo de muchos grupos armados (Eln, Erg, Farc), además un despliegue muy amplio de lo que fueron las autodefensas, en particular las llamadas Héroes y Mártires de Guática y el Bloque Central Bolívar. Así que el narcotráfico ha nublado un poco la idea de la presencia de actores armados, pero eso no quiere decir que no existieran, solo que se fueron filtrando en el marco de la presencia del narcotráfico y eso invisibilizó el fenómeno. Ahora que estamos haciendo todo este de esclarecimiento identificamos que hay una presencia fuerte de múltiples actores armados y que se trataba más de un fenómeno de invisibilización que de no existencia.
¿En verdad se trataba de narcotraficantes disfrazados de paramilitares para obtener beneficios judiciales?
Hubo muchas prácticas, entre las cuales encontramos muchos narcotraficantes que terminaron en estructuras paramilitares, pero también encontramos muchos paramilitares que se nutrieron de estructuras narcotraficantes para poder hacer despliegues territoriales. Y fenómenos como la persecución política, la amenaza a líderes sociales, el exterminio de actores políticos ha sido una práctica recurrente en todo el Eje Cafetero y que también se ha visto acá en el departamento de Risaralda.
¿Mientras se avanza en el esclarecimiento de la verdad, el país está recuperando la dinámica de la violencia?
Lo primero que reconocemos es que aún se están generando algunos patrones causantes del conflicto. Y entre éstos está el uso de la violencia como un mecanismo para acallar al otro y acá en el Eje Cafetero encontramos en esta última etapa un recrudecimiento de ciertas formas de violencia política: amenazas a líderes sociales, hostigamientos a defensores de derechos humanos, lo que ha venido creciendo y, lamentablemente para todo el Eje Cafetero, vuelve y juega la idea de nuevas formas de violencia política en el escenario regional.
¿La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de quién depende?
Es una entidad del Estado pero no depende del gobierno, hace parte constitucionalmente de Estado y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. En el proceso de paz de La Habana se crearon tres unidades: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esas tres unidades hacen parte de la institucionalidad del Estado colombiano.
¿Esto significa que tienen total independencia para actuar?
Sí. La Comisión es una entidad de carácter autónomo, tiene carácter extrajudicial porque nosotros no tenemos ninguna potestad judicial, para eso está la JEP que es la encargada de todos esos temas, y en el desarrollo de lo que está haciendo la comisión, que es esclarecer el marco del conflicto armado en términos nacionales y regionales, como entidad del Estado contamos con autonomía financiera, presupuestal y política y normativa para poder funcionar.
¿La Comisión de la Verdad qué plazo tiene para ejecutar estas tareas?
La Comisión tiene un período de duración muy corto, tres años de los cuales ya vamos a cumplir el primero en noviembre, o sea que nos quedarían dos años y dos meses que por el momento se ha pensado prorrogar. Aquí lamentablemente empezamos un poco más tarde por el despliegue administrativo y por recortes que se presentaron apenas empezó.
¿Cómo está conformado el equipo de trabajo en esta sub-regional?
Acá en la oficina que se está abriendo en Pereira hay una persona encargada del tema de reconocimientos, otra en el campo de esclarecimiento y hay un equipo de documentadores que hacen parte del ejercicio de investigación y de trabajo con la comunidad que son los que están haciendo el despliegue territorial, es un equipo móvil para todo el Eje Cafetero.
¿En este trabajo de campo que sentimientos o emociones han encontrado entre la gente?
Encontramos que hay zonas en las cuales se percibe aún mucha tensión, hay todavía mucho miedo de hablar y han retornado actores desmovilizados o reincorporados que vuelven al territorio y en ocasiones generan tensión entre ciertas comunidades y hay recrudecimiento de ciertas formas de violencia. Entonces digamos que zonas en las cuales existe algún temor a hablar, pero en general encontramos que la sociedad en el Eje Cafetero ha tenido disposición para escuchar a la Comisión de la Verdad y para plantearle a ésta su perspectiva de lo que pasó en el marco del conflicto.
