Desde cuando se desempeñaba como Ministra de Justicia, una de las principales preocupaciones de Margarita Cabello Blanco ha sido el incremento de los casos de suicidio en el país, los cuales se han disparado en el marco de la pandemia del Covid-19 y los largos encierros a que han estado sometidos los colombianos. Por ello, ahora como Procuradora General de la Nación, ha hecho de este tema uno de los ejes centrales de su tarea. En esta segunda entrega de la entrevista con la Procuradora Cabello Blanco hablamos además sobre la vigilancia al Programa de Alimentación Escolar, PAE, el regreso a clases presenciales, los megacolegios, la caducidad de procesos disciplinarios y el caso del exalcalde de Pereira Juan Pablo Gallo.
El suicidio ha alcanzando niveles preocupantes ¿Cómo se observa esta problemática?
Venimos trabajando por la salud mental y desde el Ministerio de Justicia traigo la idea de que el Estado no se ha preocupado por atender los problemas de salud mental. La Procuradora Delegada en Salud está haciendo un proceso de requerimientos a las entidades públicas del sector para que atiendan y activen los instrumentos que hay en protección en salud y estamos ideando acciones para encarar esa preocupación por el suicidio que per se es una angustia, pero sus causas deben ser nuestra mayor preocupación e interés por solucionarlas. Y esas causas se han multiplicado con la situación de pandemia, con las problemáticas que estamos viviendo y los casos de depresión en personas que no tienen en su familia la genética suicida, la cual es una de las prevalencias que pueden existir, originados por el confinamiento, el encierro y la angustia de tener en la familia personas fallecidas a causa de la pandemia del Covid-19, están multiplicando los casos de suicidios. Y si nos vamos al campo juvenil, que es lo que estamos tratando de manejar, queremos establecer qué está pasando con la familia, con la educación escolar y con todo eso. Tenemos todo un proceso de requerimientos a las entidades públicas para que reactiven una serie de medidas y que tomen otras para ponerle atención a esta problemática a la que, en mi sentir, no se le está dando la importancia que debe tener.
¿En el caso de niños y jóvenes el regreso a clases presenciales contribuye a desactivar mucho las causas de problemas mentales?
Yo pienso que sí. El ser humano, por naturaleza, es sociable y los resultados del trauma causado por la pandemia en los muchachos, en los niños, las niñas y los adolescentes el no ir a sus colegios va a influir mucho en el crecimiento y en el fortalecimiento de la salud de todo este grupo poblacional en el país -que es muy alto- la niñez y la juventud. Por eso la Procuraduría está requiriendo y requiriendo, con el Ministerio de Educación y con los gobernadores y los alcaldes, para que se regrese a clases presenciales. En eso hemos sido muy, muy duros, porque consideramos que eso puede ayudar en algo a beneficiar el tema de la salud mental en la infancia y la adolescencia.
¿Y qué se está haciendo para solucionar esta problemática del Plan de Alimentación Escolar?
Estamos trabajando en eso como una de las líneas primordiales. Debo reconocer que aquí, salvo en el caso de Dosquebradas, este año ha funcionado bien el PAE, tenemos unos procesos, la mayoría de ellos disciplinarios, y vengo de hacerles el requerimiento a las Procuradurías Regional y Provincial para que, dándole prioridad 1A, saquen adelante esos casos. Eso es muy importante porque también está en juego la salud mental, porque la desnutrición es un problema que afecta el crecimiento y el desarrollo emocional de los estudiantes.
¿Cuándo habrá sanciones para los responsables de tamaño descalabro que significó la frustrada construcción de megacolegios en el país?
Estamos con los procesos disciplinarios, he pedido un diagnóstico completo y en el caso de Risaralda veo que ya se construyeron cuatro colegios. Encontré 70.000 procesos en el despacho, entre quejas, apertura de indagaciones e investigaciones caminando y muy preocupada porque hay mucho proceso quieto o retrasado. Así que estamos mirando cómo hacemos con eso, al igual que con el PAE, y tomar una sola línea de trabajo. Eso implica un trabajo adicional, un plan completo de descongestión para que las 84 Procuradurías Regionales, Provinciales y Distritales puedan dedicarse a lo realmente importante en el país y no en tanta queja y en tanta cosa pequeña que no es de trascendencia disciplinaria, para que entonces fluya lo que realmente debe fluir.
¿Y se logró taponar la posibilidad de que centenares de procesos contra funcionarios públicos quedaran en la impunidad?
Si, logramos que dentro del proyecto de la ley 2094, que tuvo mucha crítica y con la cual recibí mucha presión, pero era necesario hacerlo, quedara estructurado un plan de dos años y medio para trabajar rápidamente y evitar la prescripciones. De hecho, solamente de elección popular tenemos alrededor de 10.000 expedientes que estaban ad portas de prescribir por una norma jurídica que traía la anterior medida disciplinaria que era eliminar la caducidad y hacerlo originaba que las prescripciones operaran. En el proyecto logramos que se mantuviera esa caducidad por unos dos años y medio y tenemos el reto de evitar al máximo prescripciones en ese tiempo. Pero ojo que no vamos a lograr que todo se haga porque es bastante el número de procesos que he encontrado ya adportas de prescribir dado que se tenían cinco años, después de ocurridos los hechos, para dictar sentencia y hay muchísimos que no vamos a alcanzar a resolver. Pero estamos con ese compromiso, aquí ya lo hicimos, se estableció un plan de trabajo en Risaralda para que sean prioritarios los procesos que tengan alarma o alerta de caducidad. Acá no son muchos, eso me sorprendió e indica que las Procuradurías están trabajando bien y en la Regional son máximo 15 o 20 casos e igual número en la Provincial.
Un caso emblemático es el del ex alcalde Juan Pablo Gallo, suspendido del cargo en primera instancia hace tres años. ¿Cuándo habrá fallo en segunda instancia?
Confiamos en que a corto plazo haya un fallo, a eso vinimos, a ponerles un signo de interrogación a esos determinados casos que están como quietos, conversado amablemente con las Procuradurías Regional y Provincial para efecto de que los procesos que son de cierta connotación, los cuales sirven de ejemplo y de modelo, sean resueltos rapidamente y el compromiso es sacarlos a la mayor brevedad posible.
¿En cuanto a los derechos humanos, hay garantía de que se están respetando?
Colombia es un país complejo, la violación de derechos humanos por parte del Estado y de los funcionarios públicos -los demás grupos violan derechos públicos o normas penales o disciplinarias- la evolución en este campo viene desde la Constitución de 1991. A la Procuraduría le dieron su independencia y su autonomía para que fuera protectora de los derechos humanos y como no tenemos ni la infraestructura ni el personal adecuado se creó la figura de la Defensoría del Pueblo para que se dedicara a ese proceso. Desde 1991 hasta hoy se puede decir que se ha avanzado muchísimo en la protección, la atención y el reforzamiento del entendimiento en el imaginario de cada ciudadano de lo que es protección de derechos humanos, pero si nos comparamos a nivel internacional con toda nuestra forma de vivir siempre en conflicto, polarizados, con grupos armados ilegales siempre adentro, narcotráfico y economía ilegal, logicamente estamos atrasados y hay que trabajar muchísimo más en eso.
¿Frente a los asesinatos líderes sociales y políticos, qué tanta responsabilidad le cabe al Estado?
Siempre al no entregar la seguridad y la protección al ciudadano el responsable es el Estado y uno puede decir: estamos cumpliendo, pero nunca termina de hacerlo al 100%. El Estado ha hecho su trabajo y tenemos entendido que el 60% de los asesinatos de líderes y liderezas sociales tiene que ver mucho con el conflicto de grupos al margen de la ley y de narcotráfico, que quisiéramos que no ocurrieran. Todos estamos trabajando y reclamando, pero subsisten los conflictos como en el caso de Chocó, el oriente antioqueño, el sur de Bolívar, Cauca, Nariño, los Santanderes, los Llanos, donde hay problemas de derechos humanos, desplazamientos, luchas por territorio y por narcotráfico entre ELN y disidencias de las Farc, el clan del Golfo… A mí me tiene muy preocupada el hecho que la mitad del país está con conflictos por grupos ilegales, eso genera confinamientos o desplazamientos de la población civil que está siempre en la mitad en lugares donde las fuerzas armadas legales a veces no pueden ni entrar. Muchas veces la población dice que confía en las fuerzas militares pero le preocupa que entren porque van a haber confrontaciones y van a quedar la mitad. La preocupación es alta por lo que se está viviendo en el país.
