En su visita a Pereira este fin de semana, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se reunió con las autoridades locales para activar las comisiones de vigilancia electoral de cara al debate político que se avecina, llamó la atención sobre la necesidad de impulsar acciones de prevención del suicidio y revisó los procesos que cursan en las Procuradurías Provinciales y Regionales para agilizar sus fallos. La Procuradora concedió una amplia entrevista a EL DIARIO, en donde abordó en forma directa distintos temas que hacen parte de la agenda noticiosa del momento, como es el escándalo del contrato de Centros Poblados, la licitación del proceso electoral, la protección de los derechos humanos, la ejecución de los Planes de Alimentación Escolar, PAE, el regreso a clases, entre otros.
¿La renuncia de la Ministra de las TIC en qué cambia la investigación iniciada por el cuestionado contrato con Centros Poblados?
Los procesos disciplinarios no quedan afectados por las situaciones políticas, aunque la ciudadanía pueda pensar que eso ocurre. Yo siempre he dicho que los tiempos judiciales o los tiempos procesales de la Procuraduría no son los tiempos mediáticos, así que independientemente de que la Ministra haya renunciado, el proceso sigue su curso, la intención nuestra es llevarlo hasta el final. Nosotros tenemos una indagación preliminar contra funcionarios del Ministerio de las TIC muy adelantada que comenzó en julio, la empezó una Procuradora Delegada, no la Procuradora General -que es un gran error que siempre tienen en el país, la Procuradora no tiene esos procesos- ella lo inició desde julio y ya estamos casi listos para tomar decisiones. La Procuradora Delegada ha trabajado muy arduamente para sacar adelante esas investigaciones.
Hay quienes piensan que su amistad con la hoy ex Ministra Karen Abudinen y su cercanía con el gobierno comprometen su independencia en este caso. ¿Qué piensa usted?
Uno, hay que empezar por entender qué significa amistad o su cercanía con el gobierno. Ser barranquilleros es un tema que nos ha puesto una especie de INRI, diciendo que todos los de Barranquilla somos íntimos el uno del otro y, por lo tanto, tiene que declararse impedido. Y, dos, no es la Procuradora General la que tiene que investigar eso. Es necesario entender que la Procuraduría General de la Nación es como el sector justicia: hay Provinciales que emiten decisiones, Regionales que resuelven los recursos de apelación, Delegados que trabajan, Salas Disciplinarias y la Procuradora no tiene esos asuntos ni esos procesos en sus manos. De ahí el error en cuanto a decir porqué no me declaré impedida: yo no tengo el expediente ni hago la investigación, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces mi cercanía no incide, si fuera la cercanía causal de impedimento -que no lo es- no impide que el proceso siga su curso porque -repito- no es la Procuradora la que lleva la investigación.
Siguiendo con el caso MinTic-Centros Poblados y el anticipo de los $70.000 millones ¿la acción popular que interpuso la Procuraduría qué nivel de éxito puede tener?
Mucho. Una acción popular, que es una función primordial dentro de nuestro estado jurídico, abarca todo y nosotros tomamos también la decisión -no fue la Procuradora, sino el Delegado Administrativo y de Conciliación que es el encargado de ello- quien cuando se dio la acción de tutela presentada en el municipio de Puerto Colombia por algunos de los presuntamente implicados, que estaban pidiendo que se tumbara el proceso de caducidad del contrato que hizo el Ministerio, nos dimos cuenta que solamente una decisión judicial podía blindar la posibilidad de recuperar esos $70.000 millones y por eso la iniciamos. Nosotros como Procuraduría somos defensores del patrimonio público y una decisión de acción popular tumba cualquier otra decisión que venga en el camino. Por eso lo hicimos.
La Registraduría del Estado Civil está decidiendo la adjudicación de un contrato de cerca de $1.8 billones en un proceso con un solo proponente y con características de “licitación sastre”. ¿Su despacho ha hecho alguna vigilancia la respecto?
Lo más importantes es que hay un proceso regulado normativamente, y cuando lo digo es que las normas establecen paso a paso como debe ser especificamente ese proceso licitatorio, en este caso el del proceso electoral y la licitación del mismo. Desde el primer día designamos una Delegada y una Judicial II -específicamente preparadas en derecho contractual- para hacer un seguimiento, ojo: seguimiento desde el punto de vista de gestión de control y vigilancia, no metidos en el proceso, porque siempre hay ahí un error con las competencias de la Procuraduría. Se hizo el seguimiento completo del proceso reglado, porque la norma dice que se debe hacer, y se cumplió a cabalidad. Incluso hubo petición de que solicitaramos la suspensión de ese proceso licitatorio, pero nosotros no suspendemos procesos licitatorios y las delegadas comisionadas consideraron que suspenderlo ahora sin una razón justificativa era muy peligroso para el país.
¿En el caso de las elecciones que se avecinan, qué estrategia o plan de trabajo han implementado para garantizar la transparencia del proceso?
Establecimos la Comisión de Vigilancia Electoral, presidida -por primera vez- por la propia Procuradora, siempre era el Vice-Procurador el que manejaba la vigilancia electoral. Pero por la trascendencia de este proceso electoral que viene para el año entrante y el de juventudes en diciembre, consideré que era importante que lo liderara la propia Procuradora y hacen parte de esta comisión el Vice-Procurador y la Delegada Electoral. Creamos comisiones regionales, distritales y provinciales para que estén atentas al proceso electoral, además creamos la Unidad de Vigilancia Electoral, más específica y más técnica, que está pendiente de todo lo que va pasando y también establecimos y creamos las alarmas electorales. Y paralelamente las alarmas electorales son un grupo técnico que nos está avisando en cada región qué puede pasar, adelantándonos a las circunstancias, en posibles casos de transhumancia, dineros no lícitos en las campañas, participación en política… esas alarmas nos las dan y la Unidad de Vigilancia Electoral inmediatamente actúa y movemos todos los mecanismos para efectos de evitar que ello ocurra, con la participación en lo penal de la Fiscalía si es necesario, la participación disciplinaria de la Procuraduría y los llamados inmediatos de atención.
¿Y qué acciones se han puesto en marcha en el caso de las elecciones de los jóvenes?
Estamos haciendo algo adicional que me parece interesante. Como es la primera vez que hay unas elecciones para los consejos municipales y locales de juventudes, consideramos importante que participaran jóvenes con nosotros. Entonces buscamos a todos los jóvenes en la Procuraduría, hasta los 25 años, para que nos ayudaran a ser vigilantes en este proceso electoral y vamos a abrir una convocatoria para 400 judicantes de las Facultades de Derecho para que hagan su judicatura dentro de la Procuraduría, en sus nueve meses, desde octubre hasta la segunda vuelta presidencial, quienes ejercerán como vigilantes y compañeros nuestros de control electoral en todo el país. Para ello los vamos a capacitar en derecho electoral, así que esos jóvenes saldrán con su judicatura y preparados en derecho electoral. Eso nos va a ayudar mucho a ser más activa la función única -porque solo la tenemos nosotros- de vigilancia electoral.
Hay quienes están proponiendo ampliar los días o los horarios de votaciones. ¿Es usted partidaria de una medida de esta naturaleza?
Nosotros como Procuraduría somos tranquilos en cuanto a las decisiones mayoritarias, si en estas propuestas las mayorías en el país lo deciden -como ocurrió con el aplazamiento de las elecciones de los jóvenes para el 5 de diciembre- y si un país democrático como el nuestro considera que es prudente, no nos opondríamos. Soy del criterio de que el día de elecciones completico como está, en un país como el nuestro, es un buen término para el proceso electoral. Pero, repito, la idea de la Procaduría es acompañar dentro de una democracia las ideas que surjan con el respaldo de las mayorías y con los argumentos suficientes que justifiquen esa propuesta.
(Mañana II Parte: La prevención del suicidio, la vigilancia del PAE, el caso de los megacolegios en Risaralda, la descongestión de procesos disciplinarios y el fallo pendiente del ex alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo).
“Ser barranquilleros nos ha puesto una especie de INRI, diciendo que todos los de Barranquilla somos íntimos el uno del otro y, por lo tanto, tiene que declararse impedido, como en este caso de MinTic”.
