Los altos costos en el acero como consecuencia de la pandemia, ha traído diferentes posiciones de las agremiaciones que rodean este producto indispensable para la construcción de viviendas en el país.
Hace algunos días se habló sobre el desabastecimiento del acero, lo cual fue desmentido por Camacero, quienes respondieron que el acero si se ha importado, otra cosa es que los precios hayan subido por razones que se conocen como el cierre de los países que llevó a una poca oferta.
Ahora está en la mesa la propuesta de reducir los aranceles de las varillas de acero del 10% al 5%, la cual es una recomendación del comité Triple A; sobre esta propuesta hay diferentes posiciones, por un lado la Andi rechaza esta recomendación y expresan que “resulta sorprendente y preocupante la decisión tomada por el Comité…no solo existen en Colombia 5 organizaciones con capacidad amplia de producir estos productos, sino que en la actualidad los mismos se pueden importar con 0% de arancel de al menos cuarenta países con los que Colombia tienen Tratado de Libre Comercio. Para todos los efectos se trata de una medida aplicable solo a productos provenientes de China, Turquía, Ucrania y Rusia, países todos cuestionados globalmente por sus prácticas comerciales depredadoras en esta industria. En momentos en los cuales el país reconoce la necesidad de reactivar las capacidades productivas y muy especialmente la generación de empleo formal, esta recomendación resulta ser un mensaje totalmente contradictorio para la industria nacional y la inversión extranjera”.
A favor
Por otro lado la agremiación Camacol apoya la iniciativa de triple A al resultar procedente y coherente priorizando la reactivación económica y la sostenibilidad de la vivienda social.
La Presidente Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, afirmó que “esta recomendación, y su pronta puesta en marcha, es fundamental para el proceso de reactivación económica del país, la generación de empleo y la sostenibilidad de los proyectos de vivienda de los colombianos, y además, atiende al interés general, de los más de 4 millones de trabajadores del sector de la construcción, los 400.000 colombianos que se benefician de la vivienda social anualmente, y de un tejido empresarial que representa la mitad del aparato productivo del país en sector que genera inversiones equivalentes a 8 puntos porcentuales del PIB anualmente”.
