El impuesto predial es tal vez la mayor fuente de ingresos de los municipios y en muchos casos prácticamente la única, y una contribución absolutamente necesaria no solo para el sostenimiento del ente territorial, sino para el mejoramiento de las condiciones que ofrece y los servicios que le presta a sus habitantes.
Con los recursos del predial se hacen vías y se mantienen en buen estado las que existen, se amplia la cobertura y se mejora la calidad de los servicios públicos básicos, se garantiza el transporte púbico, se ofrece seguridad a los ciudadanos, se conservan los parques y zonas verdes, y se hacen las inversiones necesarias para el continuo crecimiento y desarrollo de los municipios.
Por eso, es apenas justo que quienes son propietarios de un bien inmueble que se lucra de las buenas condiciones que ofrece el municipio, que goza del beneficio de cada inversión que se hace y que recibe la valorización por cada obra pública que se construye, le aporten al municipio un poco para que pueda seguir garantizando las mejores condiciones para vivir en él.
Pero es justo también que el aporte sea equitativo, proporcional y razonable. Cuando esto no ocurre y al contribuyente se le pide que contribuya de manera desproporcionada, o inequitativa o sin una explicación previa, no solo olvida la filosofía del impuesto y se resiste a pagarlo, sino que se siente esquilmado y engañado por el municipio.
Es entendible que la Ciudad, en el caso de Pereira o de Dosquebradas, hace rato no haya actualizado su catastro y que tenga, además de la conveniencia, la necesidad de actualizarlo; pero lo que si no es razonable es que este ejercicio se haya hecho, primero a las volandas, segundo sin el cuidado que una decisión de esta naturaleza exige y tercero, sin medir las consecuencias que podía producir en una comunidad que lleva dos años soportando los efectos devastadores de la pandemia, de los paros y de las protestas sociales.
Una ciudad, por más atrasado que tenga su catastro y así lo disponga la ley, no puede hacer la actualización de un solo guarapazo, cuando el efecto significa aumentar el valor del impuesto en el dos o el tres mil por ciento. Tampoco puede aplicarla cuando hay errores tan protuberantes como que dos apartamentos exactamente iguales de área, en el mismo piso del mismo edificio, y el uno paga un peso y el otro diez; o que dos parqueaderos en el mismo edificio, con la misma área, uno contiguo del otro y el uno vale uno y el vecino vale 3; o que una vivienda haya pasado de medir 800 metros a 1.200 sin que su dueño hubiera pegado un solo ladrillo.
Por más justo que fuera y por necesidad que hubiera tenido la Ciudad de actualizar su catastro y más urgencia de nuevos recursos, no podía, si no quería el efecto que esta produciendo y que apenas se empieza a hacer evidente, hacerlo de un solo tajo, sin el cuidado y la revisión que el tema obligaba, sin la indispensable socialización y, sobre todo, manteniéndolo en silencio para evitar los efectos que la medida podía tener en las elecciones de Congreso.
