En un intento de golpe de Estado que ha sacudido a Bolivia, un carro blindado del Ejército liderado por el exgeneral Juan José Zúñiga irrumpió en la Casa Grande del Pueblo en un fallido intento de derrocar al presidente Luis Arce. Este suceso ha incrementado aún más la tensión en un país ya agobiado por la crisis económica, la escasez de dólares y combustibles.
El presidente Luis Arce, de 60 años, quien ha estado en el poder desde 2020, enfrentó una de las mayores amenazas a su gobierno el pasado miércoles cuando militares con tanques intentaron irrumpir en el palacio presidencial. Durante el asedio, uno de los carros de combate intentó derribar la puerta principal, permitiendo que el general Zúñiga ingresara caminando. Las tropas sublevadas se posicionaron frente a la sede de gobierno en pleno centro de La Paz, pero eventualmente se replegaron.
Zúñiga, junto con el comandante general de la Armada Boliviana, el vicealmirante Juan Arnez Salvador, fueron detenidos y presentados en un cuartel de la Policía. Ambos enfrentan acusaciones por terrorismo y alzamiento armado.
El incidente se produjo en un contexto de turbulencia económica. Bolivia enfrenta una escasez de dólares que ha generado reclamos en el comercio importador y una crisis de combustibles que ha enfurecido a los sindicatos de transporte de carga. La crisis ha llevado al presidente Arce a utilizar las redes sociales para pedir unidad y trabajo, afirmando que “los bolivianos necesitamos trabajar para sacar adelante al país” y criticando las sublevaciones que “dañan la imagen de la democracia boliviana a nivel internacional y generan incertidumbre innecesaria”.
Además de la crisis económica, el país está sumido en una disputa política interna entre Arce y su mentor político, el expresidente Evo Morales, por la candidatura para las próximas elecciones generales de 2025. Zúñiga se pronunció en contra del eventual retorno de Morales al poder, intensificando las tensiones dentro del partido oficialista.
La economía de Bolivia ha sufrido debido a la caída de las exportaciones de gas natural, la escasez de dólares y el colapso de la paridad monetaria. Este año, la inflación acumulada ha alcanzado el 3.5%, un nivel superior al registrado durante la pandemia de COVID-19. Las agencias calificadoras de riesgo han degradado la calificación del país: Moody’s lo coloca en Caa3, Fitch Ratings en CCC+, y S&P Global Ratings en B-.
Según Mauricio Méndez Díaz, analista de REC Investments, “la situación económica ya venía deteriorándose con fuerza debido a la escasez de dólares y los rumores de problemas entre el Ejército y la Presidencia”.
Frente a estos eventos, gobiernos de Ecuador, Brasil y Colombia han expresado su apoyo a la democracia en Bolivia. La Casa Blanca, tras un Consejo de Seguridad, también llamó a la calma y al orden en el país sudamericano.
