Si el Inpec tiene dificultades para mantener en las distintas prisiones a los delincuentes condenados, mucho más para vigilar a quienes tienen casa por cárcel.
Muchas preguntas quedan por responder luego de la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi”, un delincuente conocido en Bucaramanga como el “Pablo Escobar” santariano, quien gozaba del beneficio de detención domiciliaria, precisamente la víspera de que el Inpec fuera notificado de que la juez que le había concedido la casa por cárcel revocó la medida, precisamente por información que recibió sobre la alta peligrosidad del detenido.
Cómo es posible que a un criminal condenado por homicidio y tráfico de drogas, que está considerado ser el responsable del manejo del 90% del microtráfico que se mueve en Bucaramanga, que ya se había fugado de una clínica a la que había sido llevado para una valoración médica, que actualmente tiene varias anotaciones judiciales abiertas por los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes y que, según el Inpec, durante el tiempo que gozó de la detención domiciliaria, al menos en 14 oportunidades vulneró el brazalete de seguridad; se le que conceda este subrogado penal que está hecho para personas que han cumplido ciertos requisitos y demostrado buen comportamiento, arraigo y, además, que están condenados por un delito menor; a un delincuente de alta peligrosidad y con antecedentes de fuga.
Cómo hizo alias “Pichi” para enredarse que se le habían revocado el beneficio de casa por cárcel y que sería trasladado nuevamente a prisión. Y por qué si la juez dice que desde el lunes 8 de octubre revocó el beneficio y el propio alcalde de Bucaramanga lo anunció el miércoles 10 por sus redes sociales, el Inpec apenas el jueves 11 fue al domicilio donde estaba recluido el narcotraficante a cumplir la orden judicial.
Lo grave de la entrega de este beneficio es, primero que ha dejado de ser una excepción para convertirse en una medida corriente y segundo, que el Inpec ha demostrado que es incapaz de vigilar y controlar que quienes están gozando de él no lo violen y salgan a la calle cuando se les antoje, como quedó comprobado con alias “Pichi”.
Si el Inpec tiene dificultades para mantener en las distintas prisiones a los delincuentes condenados y a controlar que no ingresen armas, ni droga, ni celulares, mi licor, ni personas no autorizadas y que desde allí no siga delinquiendo, mucho más para vigilar que quienes tienen casa por cárcel no violen su detención domiciliaria.
Es necesario, pues, que las autoridades respondan estas y otras preguntas que han surgido en torno a la fuga de alias “Pichi”, que se establezcan las responsabilidades y, si es del caso, que se estudien los ajustes que se le deban hacer a la ley penal para que hechos tan indignantes como este no vuelvan a suceder.
