Por qué permanecen fuera de servicio los sistemas de bloqueo e inhibición de señales de comunicación móviles en diez de los 16 establecimientos de reclusión donde están instalados.
Uno de los delitos que más ha crecido en el país en los últimos tres años, es la extorsión. Según un reciente informe del Ministerio de Defensa, solo en los dos primeros meses de este año se han registrado en el territorio nacional 1.854 casos de esta transgresión penal, lo que significa algo así como unos 32 cada día.
Si se compara esta cifra con la arrojada en el mismo período de los tres años anteriores, cuando los casos de extorsión que conocieron las autoridades fueron 1.641 en el 2024, 1.419 en el 2023 y 1.163 en el 2022, se tiene un aumento del 12.49%, 13.53% y 18.05%, respectivamente.
Todo esto tiene un agravante y es que las cifras no reflejan en un todo la dimensión de este problema, porque buena parte de las personas que son víctimas de este delito no recurren, por temor a las represalias, o por desconfianza en las autoridades, o porque los resultados de las acciones e investigaciones son mínimos, a las autoridades a pedir protección o a hacer la denuncia correspondiente.
Esto, porque además, la mayor fuente de la extorsión ya no son las bandas criminales que se dedicaban a esquilmar empresarios, ganaderos y grandes empresas, exigiendo cuantiosas sumas de dinero, sino, de un lado grupos de delincuentes comunes que cobran una vacuna mensual al comercio a cambio de “dejarlos trabajar” y del otro, las cárceles del país desde donde se extorsiona indiscriminadamente a personas de todos los estratos y actividades; sin que esto sea fácil de detectar.
Esto último con la complacencia, cuando no la complicidad, de las autoridades carcelarias, de la Policía y de las entidades de lucha contra el delito. No es fácil explicar cómo, si a los presos les está prohibido tener celular, las cárceles son la mayor fuente de extorsión vía este medio en el país, como tampoco por qué permanecen fuera de servicio los sistemas de bloqueo e inhibición de señales de comunicación móviles en diez de las 16 establecimientos de reclusión del orden nacional, donde hay instalados.
No parece haber nadie interesado en combatir la extorsión, por lo menos la que se está haciendo desde las celdas de las cárceles del país. No de otra manera se explica que, además de que de los 16 sistemas de bloqueo instalados solo seis están operando, todos los seis presentan obsolescencia tecnológica, lo que le ha permitido a los extorsionistas avanzar en la industria de la extorsión.
La lucha contra la extorsión requiere, pues, de una acción efectiva y combinada de todas las autoridades, que incluya atacar la fuente carcelaria, con el compromiso de los ciudadanos víctimas de la extorsión de denunciar cualquier leve asomo de este delito. Es la única manera como se podrá controlar y bajar las cifras de esta horrible práctica, las oficiales y también las del subregistro.
