Una fecha para apagar incendios antes de que empiecen.
Colombia ya entró en una temporada seca, propicia para que se produzcan incendios en los bosques y páramos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. La falta de prevención es una constante año tras año.
Cada 18 de agosto, instituciones públicas, ONGs y medios recuerdan el Día de la Prevención de Incendios Forestales, una jornada pedagógica que busca instalar hábitos de cuidado del bosque y uso responsable del fuego. No es una efeméride oficial de la ONU ni tiene un origen institucional único; es, más bien, una fecha adoptada por múltiples actores para concentrar mensajes de prevención y reconocer la labor de brigadistas y bomberos. La premisa central es sencilla y urgente: la mejor estrategia contra el fuego es evitar que empiece.
En Colombia, país con temporadas secas cada vez más intensas, las caracterizaciones oficiales de riesgo coinciden en un diagnóstico preocupante, alrededor del 95 por ciento de los incendios forestales son provocados por actividades humanas, ya sea por negligencia o de forma intencional. Por lo tanto, la prevención está en manos de la ciudadanía y de los sectores productivos. Cambiar conductas cotidianas —no quemar residuos, no hacer fogatas fuera de zonas habilitadas, no arrojar colillas— tiene efectos concretos sobre la reducción de emergencias.
Las cifras recientes ofrecen una fotografía de esta realidad. Entre enero y comienzos de octubre de 2023 se registraron 2.378 incendios que afectaron 56.529 hectáreas. A primera vista, sorprende que en 2022 se hubieran contabilizado menos eventos (746) pero con un saldo de 136.581 hectáreas destruidas. La lectura técnica sugiere que el año pasado hubo más conatos y fuegos de menor extensión o controlados con mayor rapidez, un indicio de que la detección temprana y la coordinación operativa empiezan a marcar diferencia.
El mapa departamental de 2023 confirma la concentración del fenómeno en regiones con marcada estacionalidad seca y presión antrópica. Cundinamarca registró 359 incendios y 4.103 hectáreas comprometidas; Huila, 245 incendios y 10.079 hectáreas. Estas cifras conviven con la recurrencia del fuego en la Orinoquía, donde prácticas como la quema de pastizales para renovar potreros o expandir la frontera agropecuaria suelen salirse de control. La región Caribe también presenta picos durante las sequías, mientras que la región Pacífica, más húmeda, registra menor incidencia.
El inicio de 2024, sin embargo, encendió todas las alarmas con la consolidación del Fenómeno de El Niño. Entre el 3 de noviembre de 2023 y finales de enero de 2024, el país acumuló 372 incendios que afectaron 17.192 hectáreas en 404 municipios. La presión sobre los sistemas de respuesta llevó al Gobierno a declarar el desastre nacional mediante el Decreto 0037 del 28 de enero de 2024, con el fin de agilizar recursos, logística aérea y atención humanitaria. En paralelo, el IDEAM advirtió niveles extraordinarios de amenaza: 681 municipios llegaron a estar en alerta roja por riesgo de incendios en esa ventana.
Más allá de la estadística, los picos climáticos dejan huellas profundas en ecosistemas estratégicos. En la Orinoquía y la Amazonia, los focos de calor se multiplicaron en enero con aumentos superiores al 200 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, reflejo de vegetación más seca, vientos intensos y humedades críticas. Cuando estas condiciones se encuentran con una chispa —una fogata mal apagada, la quema de rastrojos, una colilla— el paso de un conato a un frente de fuego puede tomar minutos.
¿Por qué se incendia Colombia?
El conjunto de causas es conocido: quemas agropecuarias para preparación de suelos o renovación de pastos, quema de residuos, fogatas en lugares no habilitados, colillas mal apagadas y, en menor proporción, incendios intencionales para abrir áreas a la expansión de la frontera productiva o por vandalismo. El cambio climático funciona como multiplicador del riesgo, al intensificar sequías y olas de calor. También inciden la urbanización desordenada en la interfaz urbano-rural y la ampliación de actividades productivas en zonas boscosas sin los debidos protocolos.
¿Qué funciona?
La experiencia reciente indica que la gestión temprana reduce daños. La vigilancia satelital y los boletines de alerta del IDEAM permiten activar cierres preventivos en áreas protegidas y preparar a los sistemas municipales y departamentales de gestión del riesgo. La coordinación operativa entre bomberos, autoridades ambientales, gobiernos locales y Fuerzas Militares acorta los tiempos de respuesta y facilita el uso de helicópteros con sistema Bambi Bucket en incendios de gran magnitud. El fortalecimiento de brigadas comunitarias —vecinos capacitados y dotados como primeros respondientes— ha probado ser decisivo para contener conatos antes de que se vuelvan ingobernables.
En paralelo, crece el enfoque de prevención estructural. Las corporaciones autónomas regionales y los municipios elaboran planes de contingencia por temporadas secas, ajustan mapas de amenaza y restringen actividades de riesgo cuando sube la temperatura y cae la humedad. Campañas como Sin fuego, cero incendios, talleres con juntas de acción comunal y programas de alternativas a la quema en el sector agropecuario buscan modificar hábitos productivos de alto riesgo. En este frente, cada hectárea que no se quema es una victoria que evita emisiones, pérdida de biodiversidad, erosión y afectación de cuencas.
La ciudadanía tiene un papel insustituible
Evitar el uso del fuego para manejo de residuos o habilitación de suelos, no hacer fogatas fuera de sitios autorizados, apagar por completo brasas con agua y tierra, no arrojar colillas ni botellas en zonas de vegetación y reportar de inmediato columnas de humo a las líneas de emergencia son acciones simples con impacto real. Atender las alertas del IDEAM y posponer actividades recreativas en cerros, páramos o bosques cuando el riesgo es alto también reduce la probabilidad de tragedias.
136.000 hectáreas perdida por incendios en 2022 y 56.000 en 2023
