Hoy, casi diez meses después de haber entrado en vigencia la norma y faltando apenas algo más de dos meses para vencerse el plazo para su reglamentación, nada se ha hecho.
Hace exactamente un año el Congreso de la República aprobó la llamada “Ley Contra el Ruido”. La iniciativa, que fue sancionada por el Presidente el 4 de marzo de este año y entró entró en vigencia ese mismo día, tiene supuestamente como propósito definir los objetivos y lineamientos para el diagnóstico, evaluación y gestión de la calidad acústica en el país y establecer las responsabilidades de las entidades del orden nacional y territorial.
Según el texto aprobado, el Gobierno Nacional tiene un plazo de un año para reglamentar la política pública de calidad acústica y los municipios, distritos y áreas metropolitanas con población mayor e igual a 100.000 habitantes, 18 meses para elaborar un plan de acción para controlar la contaminación sonora.
Hoy, casi diez meses después de haber entrado en vigencia la norma y faltando apenas algo más de dos meses para vencerse el plazo que establece la ley para su reglamentación y fijación de los límites específicos del ruido y la coordinación detallada de las responsabilidades, nada se ha hecho. Mientras tanto, no solo esta perturbación permanece, sino que crece como causal de conflictos entre asociados, de riñas y de homicidios.
Según una reciente encuesta de seguridad y convivencia ciudadana, el ruido es uno de los principales problemas que tienen las ciudades y el primer motivo de las riñas que se presentan entre vecinos, en los conjuntos residenciales y en los edificios de apartamentos y multifamiliares; y lo más doloroso, cuatro de cada diez homicidios, tienen como causa una pelea entre vecinos.
La Organización Mundial de la Salud establece que el nivel máximo tolerable de ruido en las ciudades, que es el mismo que establece la ley colombiana para las zonas residenciales en horario nocturno, es de 55 decibeles y de 80 en parques y en áreas destinada a espectáculos públicos al aire libre; pero en ninguna parte se cumple.
Hoy los establecimientos nocturnos sobrepasan permanentemente este límite, los almacenes y negocios de comercio mantienen en sus andenes parlantes y personas vociferando a niveles muy superiores a los permitidos, los vendedores ambulantes manejan su propio nivel de amplificación y para los artistas callejeros el límite de decibeles no existe.
Esto para no hablar de los vecinos en las urbanizaciones y unidad residenciales que cada ocho días hacen una fiesta y regularmente la extienden hasta bien entrada la mañana del día siguiente, obviamente con la música a máximo volúmen y en medio de un karaoke y una animada charla a todo pulmón.
Todo esto mientras el país y las ciudades esperan la anunciada reglamentación de la ley, que regule y sancione el exceso de ruido y la perturbación de la tranquilidad ciudadana; y, sobre todo, que establezca los mecanismos que permitan a las administraciones municipales y a la Policía hacer cumplir la nueva nueva.
