La Corte Constitucional se reunirá este martes 23 de diciembre, desde las 10:00 de la mañana, para definir la hoja de ruta frente al decreto que declara la emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. La sesión, de carácter informal, será clave para establecer si el alto tribunal aborda de manera inmediata el estudio de la medida o si lo aplaza hasta después de la vacancia judicial, que se extiende hasta el 13 de enero.
Durante el encuentro, los magistrados deliberarán sobre la posibilidad de citar sesiones extraordinarias que permitan iniciar de forma anticipada el análisis del decreto, o si, por el contrario, el tema se deja para el reinicio ordinario de labores judiciales en enero. En caso de optar por un estudio inmediato, la Corte también deberá definir cómo se realizará el sorteo —usualmente de manera computarizada— para asignar el magistrado ponente encargado del proceso.
¿Habrá suspensión provisional?
Uno de los puntos centrales que evaluará la Corte es si el decreto “madre” de la emergencia económica puede ser objeto de una suspensión provisional, solicitud que ya ha sido planteada por distintos gremios y sectores.
Fuentes del alto tribunal señalaron que este análisis no es menor, ya que el decreto en cuestión no establece directamente impuestos ni medidas tributarias específicas, sino que habilita al Gobierno para expedir decretos posteriores que desarrollen la emergencia. En ese sentido, los magistrados deberán determinar si existe fundamento jurídico para suspender una norma que, por ahora, solo declara el estado de excepción.
Los argumentos del Gobierno
El decreto, de 20 páginas, sustenta la declaratoria de emergencia en la necesidad de recaudar más de 16 billones de pesos para corregir un desajuste fiscal y presupuestal que el Ejecutivo califica como grave.
Entre los argumentos expuestos por el Gobierno se encuentran el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el sistema de salud, la compleja situación de orden público, la deuda acumulada por subsidios de energía, así como otras presiones estructurales sobre las finanzas del Estado.
Según el Ejecutivo, estas circunstancias configuran una situación grave y sobreviniente, que no puede ser atendida mediante los mecanismos ordinarios, y que justifica la adopción de medidas extraordinarias.
La decisión que adopte la Corte Constitucional en esta sesión marcará el ritmo del control judicial sobre una de las medidas más sensibles del Gobierno, en un contexto de alta tensión política y fiscal para el país.
