La eliminación de la prima de servicios para los congresistas, que asciende a cerca de 11 millones de pesos mensuales, sigue generando un intenso debate político. El tema fue abordado por los senadores Angélica Lozano, de la Alianza Verde, y Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, durante una entrevista en La W, en la que expusieron posturas opuestas frente a la decisión del Gobierno nacional de suprimir este beneficio como parte del plan de austeridad para 2026.
Para la senadora Angélica Lozano, la medida representa un avance en una lucha que, según afirmó, se ha dado durante casi una década. Recordó que en el Congreso se han presentado al menos 18 proyectos con el objetivo de reducir los ingresos de los parlamentarios y consideró que la eliminación de la prima es un acto de equidad frente a la realidad económica que viven millones de colombianos.
“La reducción del salario es una baja sensible, pero necesaria. No podemos ganar en la estratósfera mientras la mayoría de ciudadanos está en el rebusque”, señaló Lozano, quien explicó además que la prima fue creada por decreto en 2013 y, por lo tanto, puede ser eliminada por la misma vía, sin necesidad de una reforma constitucional.
En contraste, el senador Antonio Zabaraín criticó la decisión por la forma en que fue adoptada, calificándola de “populista y electorera”. A su juicio, el tema debió discutirse en el Congreso y no definirse de manera unilateral desde el Ejecutivo, teniendo en cuenta que la medida impacta no solo a los congresistas, sino también a otros altos funcionarios del Estado.
Zabaraín advirtió que el decreto podría caerse por tratarse de derechos adquiridos y afirmó que un ingreso neto de 32 millones de pesos mensuales no es excesivo para un congresista. “Un congresista que se gana 32 millones de pesos no es bien remunerado, si se compara con otros altos funcionarios del Estado”, aseguró, al tiempo que mencionó los salarios de directivos de entidades como Ecopetrol, fiduciarias y Colpensiones.
Durante la entrevista, ambos legisladores también se refirieron al aumento del salario mínimo para 2026. Lozano expresó su respaldo a la medida, aunque manifestó preocupación por los posibles efectos inflacionarios y por los trabajadores que ganan menos del mínimo. Por su parte, Zabaraín se mostró crítico y advirtió que el incremento podría generar inflación, desempleo, informalidad y un deterioro de las finanzas públicas.
El debate evidencia las profundas diferencias en el Congreso frente a las políticas de austeridad y redistribución del ingreso impulsadas por el Gobierno, en un contexto marcado por la discusión sobre el gasto público, el salario mínimo y la equidad salarial en el país.
