Lina María Arango Dávila
En días recientes, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, calificó como “populismo” las exigencias ciudadanas de desmontar peajes y ajustar tarifas en el corredor de Autopistas del Café. Lo hizo en tono de advertencia, apelando a su experiencia como exministro de Transporte y en un intento por deslegitimar el control social y la deuda histórica de la concesión a quien se le exige transparencia, legalidad y rendición de cuentas en las obras, el mantenimiento y el recaudo de peajes.
Aunque el tema es taquillero en época electoral, lo cierto es que desde hace varios años, la ciudadanía ha venido denunciando el abuso de peajes en la región. Además y ante la desinformación generada desde la misma concesión que afirma que lo recursos de peajes en manos de INVIAS se van de la región, la ciudadanía exige que se cumpla la Ley 105 de 1993, que establece que el 50% del recaudo de peajes debe invertirse en la vía y el otro 50% en la región de influencia. No es una ocurrencia ni una consigna electoral: es una obligación legal que ha sido sistemáticamente ignorada para justificar la permanencia de peajes en manos de privados. Lo cierto es que independiente de quien administre los peajes, cuando se exige transparencia y desmonte de los mismos, los dirigentes responden con etiquetas como “populismo” para evitar el debate de fondo.
El alcalde Rojas, como ministro, vivió un paro de transportadores de 46 días, donde uno de los puntos de negociación era regular el costo y distancia de los peajes. Sin embargo, al mismo tiempo su cartera era testigo en la adjudicación de concesiones estructuradas con modelos financieros amarrados a 30 y 40 años que mantenían tarifas altas, mientras proyectaban instalar nuevos peajes. Hoy, como alcalde, parece más preocupado por garantizarle estabilidad financiera al privado que por defender los intereses de los ciudadanos que lo eligieron. Los manizalitas exigen el desmonte de peajes Pavas, Santágueda y La Manuela y la reducción de la tarifa en Tarapacá. Estas no son demandas caprichosas: son reclamos legítimos frente a un modelo que ha convertido el acceso vial en un privilegio.
La posición del alcalde de Manizales no sorprende. Su entorno laboral y político está profundamente vinculado al modelo concesionado de Autopistas del Café, que gracias al lobby de su gerente, Mauricio Vega, se ha estructurado milimétricamente desde 2018 para garantizar el apoyo a la nueva concesión IP Centro. En 2018 fue asesor de la Sociedad de Mejoras de Pereira, cuyo director en la época era el actual congresista Alejandro García y quien venía de trabajar con Vega en la Cámara de Comercio de Pereira. La Sociedad ha promovido activamente la nueva concesión IP Conexión Centro. También trabajó en las alcaldías de Pereira del hoy senador Juan Pablo Gallo y de Carlos Maya, y asesoró la IP Aeropuerto Matecaña, donde el gerente era Francisco Valencia, hoy activo en los temas de obras por impuestos de Autopistas del Café. Este entramado no es anecdótico: revela una cercanía estructural con los intereses privados que hoy se defienden desde el discurso institucional.
Alcalde:Populismo es usar el poder para proteger intereses privados mientras se estigmatiza a la ciudadanía. Si el modelo concesionado no puede responder con transparencia y justicia territorial entonces el problema no está en quienes lo critican, sino en quienes lo sostienen.
