El anuncio del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 % para 2026, fijándolo en 2.000.000 de pesos, sigue generando reacciones en distintos sectores del país. Una de las voces que recibió con mayor entusiasmo la decisión del Gobierno fue la de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien calificó la medida como un “acto de justicia social” sin precedentes en Colombia.
Arias se mostró “gratamente sorprendido” por el porcentaje definido, al señalar que incluso superó la propuesta inicial del 16 % que los sindicatos habían llevado a la mesa de concertación, la cual finalmente no logró un acuerdo. Desde su perspectiva, el aumento representa un paso clave para cerrar la brecha del denominado “salario vital”, que, según estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ubicaba cerca del 50 % entre el salario mínimo vigente y el ingreso necesario para cubrir las condiciones básicas de vida.
El dirigente sindical sostuvo que este ajuste busca corregir décadas de incrementos que calificó como “exiguos”, producto —según dijo— de políticas neoliberales que priorizaron los intereses empresariales y profundizaron la desigualdad social. En ese sentido, afirmó que Colombia se consolidó durante años como uno de los países más desiguales del mundo, situación que este aumento intenta empezar a revertir.
Para Arias, poner más recursos en manos de los trabajadores no solo mejora las condiciones de vida de millones de hogares, sino que también impulsa la economía. Explicó que el consumo interno es uno de los principales motores del crecimiento económico y que, al aumentar el ingreso de la población, se fortalece la demanda de bienes y servicios, generando una dinámica positiva para el aparato productivo.
El presidente de la CUT aseguró además que el incremento salarial representa una “disputa ganada” en la participación de las ganancias del trabajo. En su análisis, el Gobierno decidió redistribuir parte de los “inmensos privilegios” y rentas que históricamente se concentraban en el sector empresarial, trasladándolos hacia los trabajadores.
Frente a las críticas que comparan la medida con modelos económicos como el venezolano, Arias las desestimó, calificándolas como narrativas recurrentes de la oposición que no se han materializado. Para sustentar su postura, citó cifras del DANE y de organismos internacionales, destacando que Colombia figura entre las economías con mayor crecimiento dentro de la OCDE y que actualmente registra la tasa de desempleo más baja del siglo, pese a los aumentos de dos dígitos en el salario mínimo de años recientes.
Sobre el riesgo de un aumento de la informalidad laboral, el líder sindical afirmó que se trata de un problema estructural heredado de más de tres décadas y que no fue resuelto por gobiernos anteriores. Según Arias, bajo la actual administración la informalidad ha comenzado a descender y advirtió que el bienestar del trabajador no debe sacrificarse bajo la “tesis fallida” de que el empleo solo se genera reduciendo ingresos.
En conclusión, para la Central Unitaria de Trabajadores este incremento del salario mínimo no representa una amenaza para la economía, sino una herramienta para corregir desigualdades históricas, fortalecer el mercado interno y mejorar el poder adquisitivo de la clase trabajadora en Colombia.
