Una jueza de Bogotá ordenó la libertad de los tres capturados por su presunta participación en las irregularidades que rodearon el contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, un negocio que habría tenido un valor cercano a los 32 millones de dólares.
La decisión fue adoptada por la jueza 131 Penal Municipal con función de control de garantías, quien determinó no imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra los procesados, aunque aclaró que estos continuarán vinculados a la investigación penal. Tras el fallo, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de reposición en subsidio de apelación.
Los beneficiados con la medida son Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de la misma cartera; y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación N.º 32 del Ejército Nacional.
De acuerdo con la jueza, los procesados no registran antecedentes penales, no representan un peligro para la sociedad ni para el desarrollo de la investigación y no existen elementos que permitan inferir que puedan obstruir la administración de justicia, razones por las cuales se abstuvo de ordenar su detención en centro carcelario.
Según la investigación de la Fiscalía, los tres estarían implicados en presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems Company para el mantenimiento de helicópteros rusos MI-17, utilizados por las Fuerzas Militares. El contrato habría sido firmado por un monto de 32 millones de dólares.
Los roles que investiga la Fiscalía
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción detalló los roles que, al parecer, desempeñó cada uno de los investigados dentro del proceso contractual.
En el caso del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, la Fiscalía señaló que, en su calidad de gerente del proyecto, habría avalado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin soportes técnicos, que la empresa contratista contaba con la experiencia e idoneidad necesarias, pese a que el comité evaluador había descartado su propuesta. Además, se le atribuye haber intervenido en la modificación de estudios financieros que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.
Sobre Diego Alejandro Manrique Cabezas, el ente acusador indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, modificando los requisitos financieros habilitantes, lo que habría permitido aprobar una propuesta sin que se pudiera establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente.
En cuanto a Hugo Alejandro Mora Tamayo, la Fiscalía aseguró que, pese a conocer las presuntas irregularidades y el incumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato N.º 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, habría avalado una modificación en la forma de pago que permitió un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
El ente investigador agregó que, aunque el contrato no podía ejecutarse en los términos pactados, el desembolso se hizo efectivo el 15 de abril de 2025. A la fecha, según la Fiscalía, el contratista solo habría ejecutado actividades por cerca de 2,6 millones de dólares y no habría reintegrado al Ministerio de Defensa un saldo superior a los 13 millones de dólares, pese a la declaratoria formal de incumplimiento.
La investigación continuará mientras se resuelven los recursos presentados y se define la responsabilidad penal de los implicados en este caso que ha generado amplio impacto en el sector defensa.
