El proceso judicial por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay avanzó de manera decisiva luego de que Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela o Andrea, aceptara cargos y fuera condenada a 21 años de prisión, tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. La decisión quedó consignada el 14 de enero de 2025, en una diligencia que marca un nuevo capítulo en uno de los crímenes que más conmoción ha generado en el país.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que Martínez aceptó su responsabilidad en calidad de cómplice, lo que permitió una reducción significativa de la pena frente a la que habría enfrentado como autora material. La fiscal Cristina Reyes explicó que el acuerdo cumple con los estándares legales y probatorios exigidos. “La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios que acreditan ese estándar probatorio y el respeto de la presunción de inocencia, los cuales han sido relacionados dentro de este preacuerdo”, señaló.
Con este acuerdo, que aún debe ser ratificado por la jueza de control de garantías, Martínez se convertiría en la tercera persona sentenciada por el magnicidio, un caso que continúa revelando riesgos y tensiones para quienes están vinculados al proceso.
Solicitud de traslado por amenazas
En la fase final de la diligencia, la defensa de alias Gabriela alertó sobre un grave panorama de seguridad. El abogado Carlos Trujillo solicitó formalmente que su clienta sea trasladada a una cárcel de máxima seguridad, argumentando que ha recibido amenazas directas no solo en su lugar de reclusión, sino también contra miembros de su familia y su expareja.
“A la Fiscalía le ha acarreado amenazas que han llegado a su lugar de reclusión, no solamente a ella, sino a miembros de su familia, incluso su expareja”, afirmó el defensor, al insistir en la necesidad de medidas especiales de protección.
Alcance del preacuerdo
La aceptación de cargos incluye los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte y tráfico de armas y utilización de menores en actividades ilícitas. En el acuerdo, Martínez dejó claro que su admisión de responsabilidad se limita a su participación en los hechos y no contempla delación ni colaboración contra otros integrantes de la red criminal.
“Nunca lo ha sido a costas de delatar a los partícipes de este hecho; toda su colaboración es a lo que ella atañe en este suceso”, subrayó Trujillo, al advertir que personas ajenas al proceso han intentado atribuirle alcances que no hacen parte del preacuerdo.
Según el documento presentado por la Fiscalía, las víctimas y las partes afectadas no presentaron objeciones a la negociación, cuyo principal efecto es la reducción de la condena a cambio de la aceptación de cargos.
Mientras se define la ratificación judicial del acuerdo y la eventual decisión sobre su traslado, el caso sigue evidenciando la complejidad y los riesgos que rodean la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
