El Ministerio de Transporte anunció la apertura de investigaciones contra la gran mayoría de empresas de transporte intermunicipal del país, tras detectar graves incumplimientos en el reporte obligatorio de tarifas y presuntos incrementos desproporcionados en el valor de los pasajes.
Según la revisión de la información correspondiente al último trimestre de 2025, más del 90% de las compañías habilitadas no entregaron los reportes tarifarios exigidos por la normativa. De un total de 519 empresas autorizadas para operar cerca de 16.000 rutas en Colombia, solo 52 cumplieron con la obligación, lo que representa apenas el 10% del sector.
Ante este panorama, la Superintendencia de Transporte emitirá un requerimiento urgente para que todas las empresas presenten de inmediato la información relacionada con tarifas y estructura de costos. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que estas omisiones motivan procesos de revisión e investigación con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar cobros indebidos.
Como medida de transparencia, el Gobierno habilitó un módulo público en la página web de la Superintendencia de Transporte, donde los ciudadanos pueden consultar desde cuándo cada empresa reportó su información y cuál es la tarifa registrada oficialmente.
La decisión se conoce luego de que el Ministerio exhortara al sector transporte —incluido TransMilenio— a abstenerse de aplicar incrementos significativos en los pasajes, argumentando el aumento del salario mínimo como justificación principal.
Cundinamarca, uno de los focos de la polémica
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, solicitó formalmente la intervención de la Superintendencia de Transporte tras denuncias de incrementos superiores al 30% en varias rutas intermunicipales del departamento. La situación ha generado inconformidad ciudadana, anuncios de protestas y bloqueos en corredores clave de la Sabana de Occidente, el centro del departamento y provincias como Gualivá.
Entre el 12 y el 16 de enero, usuarios reportaron alzas aplicadas por al menos tres empresas, sin que se haya explicado de manera clara el sustento técnico de los nuevos precios. Aunque la Gobernación aclaró que no tiene competencia para fijar tarifas —pues el sector opera bajo un régimen de libertad tarifaria—, recordó que cualquier ajuste debe estar respaldado por estudios técnicos debidamente publicados y socializados.
“El llamado es a que la Superintendencia verifique si estos aumentos cumplen con la ley. Si se concluye que son exorbitantes, se deberá exigir la reducción de las tarifas”, enfatizó la ministra Rojas, quien respaldó la solicitud del gobernador.
Preocupación en municipios cercanos a Bogotá
El aumento del pasaje intermunicipal también encendió las alarmas en municipios como Funza, Madrid y Mosquera, donde los usuarios reportan incrementos de hasta $1.000 por trayecto, lo que equivale a ajustes cercanos al 30% frente al año anterior.
Actualmente, el pasaje Bogotá–Funza y Mosquera alcanza los $6.400; la ruta Bogotá–Madrid, $7.100, y Bogotá–Facatativá llega a $9.500. Usuarios consultados manifestaron que no existe claridad sobre las razones del alza, ya que ni el combustible ni los peajes han aumentado en la misma proporción.
Las autoridades reiteraron el llamado a las empresas transportadoras para actuar con transparencia y responsabilidad, mientras avanzan las investigaciones. Entre tanto, se pidió a los usuarios mantener el diálogo institucional y reportar cualquier irregularidad, en medio de un proceso que busca garantizar un servicio accesible y justo para millones de pasajeros en todo el país.
