La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, definirá este viernes el monto de la pena que deberá cumplir el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras haber sido hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Se trata de una decisión sin precedentes en la historia judicial del país, al tratarse de la primera condena en contra de un exmandatario colombiano por hechos relacionados con la manipulación de testigos.
La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, solicitó una condena de 108 meses de prisión, es decir, 9 años de cárcel. Esta solicitud fue respaldada por los abogados de las víctimas, entre ellos Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda; Miguel Ángel del Río, defensor de la exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve; y Juan David León, abogado del exfiscal Eduardo Montealegre y del ex vicefiscal Jorge Perdomo.
Según el fallo de primera instancia, Uribe Vélez fue considerado determinador en la estrategia para ofrecer prebendas legales y sobornos a exparamilitares con el fin de que rindieran falsos testimonios que comprometieran al senador Cepeda. La sentencia, de más de mil páginas, señala que el abogado Diego Cadena actuó bajo instrucciones directas del expresidente para coordinar dichos ofrecimientos.
Por su parte, la defensa de Uribe pidió a la juez que no imponga una pena privativa de la libertad, argumentando que existen elementos probatorios que permitirían una sanción distinta a la reclusión en centro carcelario, e incluso sin beneficio de casa por cárcel.
Además de la pena de prisión, la jueza deberá fijar la multa económica correspondiente y determinar la duración de la inhabilidad para ejercer cargos públicos, una sanción que implicaría la muerte política de quien gobernó el país entre 2002 y 2010 y fue figura dominante del uribismo durante más de dos décadas.
Sin embargo, la condena aún no será ejecutoriada, ya que la defensa podrá presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, y eventualmente acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario de casación. Hasta tanto se resuelvan esas instancias, Uribe conserva su presunción de inocencia.
La lectura del fallo y la decisión sobre la pena marcan un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes y polarizantes de la historia reciente de Colombia. El país espera con atención el pronunciamiento de la juez Heredia Aranda, que podría definir el futuro legal y político del expresidente.
