El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció penalmente al presidente Gustavo Petro por los delitos de hostigamiento y calumnia, en una acción judicial sin precedentes que agrava aún más la tensión política entre ambos líderes. La denuncia fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, órgano encargado de investigar al jefe de Estado.
La querella fue presentada por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en representación de Uribe, con base en una serie de publicaciones hechas por el presidente Petro entre el 28 y 29 de julio en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), donde tiene más de ocho millones de seguidores.
Según la defensa del exmandatario, las declaraciones de Petro en las que se le vincula con delitos como homicidio, paramilitarismo, narcotráfico y corrupción no solo carecen de fundamento judicial, sino que configuran un ataque directo contra su honra y dignidad política.
“En dichas publicaciones, el presidente Petro profirió acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole al expresidente Uribe conductas gravemente delictivas […] hechos por los cuales no existe condena penal alguna ni decisión judicial que sustente dichas afirmaciones”, señaló el comunicado de los abogados.
La denuncia también señala que el presidente utilizó su investidura y canales institucionales para emitir los señalamientos, lo cual, a juicio de los denunciantes, convierte esas afirmaciones en una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento político.
La acción legal fue radicada el mismo día en que Uribe enfrenta un momento judicial clave por su condena en primera instancia por los delitos de soborno y fraude procesal, relacionados con la manipulación de testigos. Sin embargo, los abogados insisten en que las afirmaciones de Petro no se corresponden con el fallo judicial, que no hace referencia a crímenes como los mencionados por el presidente.
Este nuevo episodio reaviva la polarización en el escenario político colombiano y abre un debate sobre los límites de la libertad de expresión del jefe de Estado, especialmente cuando se trata de señalar a opositores políticos con graves imputaciones que aún no han sido probadas ante la justicia.
Por ahora, la Comisión de Acusaciones deberá estudiar la denuncia y determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra el presidente de la República.
