El Poder Judicial colombiano se congregó en pleno este viernes en el nuevo Palacio de Justicia de Bogotá para rendir un homenaje solemne y emotivo a las 94 personas que perdieron la vida, incluidos once magistrados de la Corte Suprema, y a la cerca de una decena de desaparecidos, al cumplirse 40 años del sangriento asalto y la posterior retoma militar del Palacio de Justicia.
El acto, que comenzó con la interpretación del himno nacional a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional, incluyó una ofrenda floral, mientras que en todas las sedes judiciales del país la bandera fue izada a media asta como “un acto de solidaridad profunda y de íntimo dolor”. El presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro Duque, lideró la conmemoración, manifestando que el evento era un reconocimiento al “sacrificio” y el “martirio” de las víctimas, quienes sufrieron “en nombre de la Justicia, de la patria, de la democracia, de todos nosotros”.
El magistrado hizo un llamado urgente a la nación para “impedir la cultura del olvido”, silenciar “las voces de la estridencia y de la acusación”, y rechazar las frases que “invitan al odio, a la desesperación y al desencuentro”, enfatizando la necesidad de cultivar y proteger la memoria para evitar que la historia se repita. Los hechos conmemorados ocurrieron durante 28 horas de terror, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando 35 guerrilleros del M-19 se tomaron la sede judicial exigiendo un juicio al entonces presidente Belisario Betancur.
El asalto desembocó en una brutal batalla con las fuerzas de seguridad en el centro de Bogotá que culminó con el edificio reducido a cenizas, la muerte de todos los guerrilleros y el Holocausto que marcó la historia del país. Durante el homenaje, los presidentes de las altas cortes fueron contundentes al calificar lo sucedido. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, denunció que la Justicia fue atacada por “el más perverso de los males que ha azotado a Colombia: la violencia”, describiendo el asalto como un “acto demencial y terrorista” que fue seguido por “hechos que desbordaron el ejercicio del poder” por parte de la fuerza pública. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, señaló la “respuesta desproporcionada del Estado”, mientras que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, sentenció que el ataque del M-19 no fue un “gesto de romántica osadía subversiva”, sino un “aleve acto terrorista”, al que se sumó el “contraataque atroz de las armas de la república”, donde tanto la guerrilla como la fuerza pública desconocieron la ética mínima del combate.
La voz unánime de los magistrados fue una fuerte reclamación de verdad y justicia completa, denunciando los intentos por “cambiar la versión de la historia” y evadir responsabilidades, pues, a pesar de las condenas a militares, ningún miembro de la cúpula del M-19 ha pagado por los hechos. Finalmente, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, resumió el sentir colectivo al afirmar que el episodio es una “tragedia colectiva” que avergüenza a la nación, no solo por la responsabilidad del Estado, sino por la forma en que se ha permitido reconstruir la narrativa con “silencio, ocultamientos e impunidad”.
