El congresista Carlos Cuenca Chaux, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a una pena de 7 años y 8 meses de prisión domiciliaria por corrupción electoral. El fallo se basa en los actos ilícitos cometidos durante la campaña electoral de 2014, cuando Cuenca buscaba su reelección para el periodo 2014-2018.
Según la investigación, el congresista ofreció y entregó tejas de zinc y bultos de cemento a una comunidad campesina e indígena en el departamento del Guainía, a cambio de su voto. La reunión que originó la denuncia se llevó a cabo el 1 de marzo de 2014, en el barrio La Esperanza de Inírida, tan solo ocho días antes de las elecciones. Durante este encuentro, Cuenca, junto a su equipo de campaña, hizo el ofrecimiento a los pobladores, asegurando que “plata no hay, pero cemento y zinc sí”. Posteriormente, los materiales fueron entregados a los beneficiarios a través de establecimientos comerciales locales como la bodega “Los Rivera” y la Comercializadora “El Castillo”, donde los elementos eran distribuidos mediante vales.
La sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema se basa en los testimonios presentados por los afectados, quienes confirmaron que la entrega de los materiales fue directamente relacionada con el apoyo electoral. Estos hechos fueron clasificados como una clara violación a las normas de equidad en los procesos electorales, al buscar influir en el voto de los ciudadanos mediante la entrega de bienes materiales.
El caso de Cuenca Chaux pone en evidencia la persistencia de prácticas ilegales en las campañas electorales en Colombia y resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para garantizar la transparencia en el proceso democrático. La condena resalta la importancia de sancionar la corrupción electoral, que mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones y compromete el libre ejercicio del voto.
La decisión judicial envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales de la manipulación electoral y la compra de votos, un delito que sigue siendo un desafío para la democracia en el país.
