En un nuevo capítulo de tensión institucional, la Sección Quinta del Consejo de Estado anunció la apertura de un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, luego de que, según el alto tribunal, el mandatario no cumpliera con la orden de retractarse ni de ofrecer disculpas públicas por haber calificado de “victimarios” a miembros de la oposición.
Las expresiones fueron emitidas en el marco de las manifestaciones lideradas por sectores opositores en noviembre de 2024. De acuerdo con el accionante que interpuso la tutela, Petro no solo se abstuvo de retractarse públicamente a través de sus redes sociales —como lo exigía el fallo judicial—, sino que tampoco ofreció disculpas a quienes se sintieron aludidos por sus declaraciones.
“El juez de tutela cuenta con el deber de hacer cumplir las órdenes emitidas en el fallo de tutela a través de las facultades constitucionales y legales otorgadas para el efecto y, así garantizar la tutela judicial efectiva de quien le sean quebrantados sus derechos fundamentales”, señala el auto emitido por el Consejo de Estado, sustentando así la apertura del proceso.
La decisión también señala que el pasado 21 de marzo el tribunal intentó, de manera oficiosa, contactar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para confirmar si se había dado cumplimiento a la orden judicial. Sin embargo, no hubo respuesta alguna por parte de la Casa de Nariño.
Este incidente de desacato podría escalar la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el poder judicial, marcando un nuevo precedente en la vigilancia del cumplimiento de las decisiones judiciales incluso al más alto nivel del Estado. Por ahora, se espera que el presidente responda oficialmente al tribunal, que deberá determinar si hay lugar a sanciones por el incumplimiento de la tutela.
¿Qué sigue?
De confirmarse el desacato, el Consejo de Estado podría imponer medidas correctivas, incluyendo sanciones personales al mandatario. Esta situación no solo tiene implicaciones legales, sino también políticas, en un contexto donde la oposición ha insistido en el respeto por las formas democráticas y el debate sin estigmatización.
La Presidencia no se ha pronunciado aún sobre esta apertura de incidente.
