La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras detectar una concentración atípica de contratación interadministrativa registrada el 7 de noviembre de 2025, justo el último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Ese día, las entidades públicas comprometieron $6,1 billones, cifra que representa el 68% del total contratado durante la primera semana de noviembre, un comportamiento sin precedentes en la vigencia 2025.
Esta advertencia constituye la primera alerta emitida por el ente de control en el marco del seguimiento preventivo a la contratación pública durante el periodo preelectoral de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005. El análisis se realizó a través del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, presentado oficialmente el 10 de noviembre de 2025.
Un comportamiento contractual atípico
Con base en la información reportada en SECOP entre el 1 y el 7 de noviembre, la Contraloría identificó un comportamiento que se aparta de los patrones históricos de contratación. En ese periodo se comprometieron $9,0 billones, una cifra que supera ampliamente los niveles mensuales observados durante 2025.
La anomalía se concentró el 7 de noviembre, cuando se suscribieron $6,1 billones, una cantidad que equivale a 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de este año, que fue de $2,1 billones. En términos porcentuales, esto representa un incremento del 190% frente al comportamiento contractual previo.
Para el ente de control, esta concentración en una fecha tan cercana al inicio de las restricciones electorales constituye un indicador crítico de fallas en la planeación, así como de posibles aceleraciones en la contratación pública que suelen presentarse en cierres preelectorales.
Prosperidad Social, la entidad de mayor concentración
Entre las entidades analizadas, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) registró el mayor volumen de contratación, con compromisos por $770 mil millones, equivalentes al 8,5% del total contratado por el Estado durante la primera semana de noviembre. La Contraloría señaló que continúa revisando la contratación por departamentos para determinar el comportamiento regional de estos recursos.
Seguimiento reforzado en época preelectoral
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), en coordinación con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento exhaustivo a los contratos suscritos entre septiembre y los primeros días de noviembre. El análisis incluye la revisión del valor contratado, modalidades, entidades ejecutoras y objeto de los contratos.
Este monitoreo permitirá identificar operaciones sensibles, entre ellas actividades logísticas, eventos, suministros y otros tipos de contratación que tienden a incrementarse en periodos preelectorales. Su objetivo es anticipar riesgos, fortalecer las alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías, ni destinados a fines distintos al interés general.
Con esta primera alerta, la Contraloría busca reforzar la vigilancia sobre el comportamiento de la contratación estatal en un año marcado por la proximidad de las elecciones y la necesidad de asegurar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
