Ante la inminente amenaza de una crisis humanitaria en los centros de detención transitoria del país, la Corte Constitucional adoptó este viernes un conjunto de medidas estructurales y urgentes para garantizar el suministro de alimentación a las personas privadas de la libertad, al tiempo que advirtió sobre graves fallas institucionales y normativas en el sistema penitenciario.
A través del Auto 897 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional penitenciario y carcelario identificó serias deficiencias en el diseño y ejecución del plan de contingencia actual. Según la Corte, la falta de articulación entre autoridades territoriales, la ausencia de un marco legal que habilite la intervención de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), y la inexistencia de un plan eficaz y financiado comprometen gravemente los derechos fundamentales de la población reclusa.
“El suministro adecuado de alimentación es un componente esencial del derecho a una vida digna. Su interrupción configura un trato cruel, inhumano y degradante”, advirtió la Corte en su decisión. En ese sentido, ordenó al Ministerio de Justicia reformular con urgencia el plan de contingencia, incluyendo medidas específicas, verificables, articuladas y financiadas que aseguren la continuidad del servicio a partir del 1 de julio.
La Sala también ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) implementar de forma inmediata el traslado de personas condenadas que aún permanecen en centros de detención transitoria, con el fin de liberar cupos para quienes se encuentran en condición de sindicados.
Además, la Corte exhortó al Congreso de la República a avanzar con carácter prioritario en la aprobación de los proyectos de ley que prorroguen la competencia de la USPEC, pieza clave para garantizar la continuidad del servicio de alimentación en estos centros.
En su decisión, también instó a la Procuraduría General de la Nación a investigar disciplinariamente a las autoridades territoriales que han incumplido con sus responsabilidades legales en esta materia.
Finalmente, la Corte ordenó la instalación de nuevas mesas de trabajo interinstitucionales para hacer seguimiento a la implementación del nuevo plan de contingencia y coordinar las acciones entre las entidades competentes.
La advertencia de la Corte llega en un contexto de profunda crisis del sistema carcelario colombiano, con centros de detención colapsados y condiciones de reclusión que han sido calificadas como violatorias de derechos humanos.
