El presidente Gustavo Petro anunció este viernes que derogará el decreto con el que convocaba una consulta popular sobre la reforma laboral, aunque anunció un nuevo mecanismo para impulsar su proyecto constitucional: una “octava papeleta” en las elecciones de 2026 para respaldar una futura Asamblea Nacional Constituyente.
El Consejo de Estado suspendió el “decretazo” que convocaba el plebiscito por falta de aprobación previa del Senado, generando una fuerte ofensiva institucional contra el Gobierno. En respuesta, Petro confirmó la eliminación del decreto y, en un mensaje de X, explicó que ya no era necesaria la consulta porque la reforma laboral fue aprobada por el Congreso.
Sin embargo, el Presidente explicó que en las elecciones legislativas de marzo de 2026 se incluirá una papeleta consultiva para preguntar a los ciudadanos si avalan la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y adelantó que espera un respaldo “masivo” para que el próximo gobierno tenga mandato popular para reformar la Constitución.
Rechazo desde la oposición
El anuncio causó rechazos inmediatos en el Congreso y desde sectores opositores:
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la propuesta de “atajo a la democracia” y recordó que el procedimiento constitucional exige aprobación legislativa previa.
La senadora María Fernanda Cabal calificó la iniciativa como un intento “por eludir la Constitución” y “un golpe de Estado simbólico”, advirtiendo que “no lo permitiremos”.
Paloma Valencia señaló que una Constituyente requiere normas claras que la Carta de 1991 no contempla vía papeleta y urgió a los ciudadanos a “romperla” si la reciben.
Estrategia oficial
El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió el nuevo camino: una “octava papeleta” inspirada en la Séptima Papeleta de 1990. Explicó que la papeleta no busca activarse antes de 2026 ni evitar al Congreso, sino dejar una señal ciudadana para que el próximo Ejecutivo tenga un mandato constituyente.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, añadió que la Constitución admite iniciativas populares para recolectar firmas —siempre y cuando sumen cerca del 20 % del censo—, y luego pasaría la aprobación a la Corte Constitucional antes de cualquier convocatoria.
¿Sin respaldo jurídico?
Expertos constitucionalistas y exmagistrados coinciden en que la propuesta carece de base legal. El artículo 376 de la Constitución establece que solo el Congreso puede proponer una Constituyente, la cual requiere mayoría en ambas cámaras y control de la Corte, sin mencionar el uso de papeletas consultivas.
El debate gira en torno a si Petro intenta eludir mecanismos formales —un giro que sectores opositores describen como una “deriva autoritaria”— o si busca legitimar su proyecto a través del respaldo ciudadano ante un Congreso que bloquea su agenda.
En síntesis:
Petro derogó el decreto que convocaba una consulta popular sobre la reforma laboral.
Mantiene su apuesta por una Constituyente, ahora mediante una papeleta en 2026.
La oposición y expertos alertan sobre el déficit jurídico del mecanismo.
El Gobierno busca convertirlo en mandato popular para acelerar profundas reformas institucionales.
