La muerte del niño Kevin Acosta, de siete años y paciente con hemofilia, no solo generó dolor en Bogotá, sino que abrió un nuevo frente de controversia jurídica y política tras la divulgación de detalles de su historia clínica por parte del Gobierno y la aseguradora.
En medio del debate sobre el acceso a tratamientos para enfermedades de alto costo, la Nueva EPS hizo pública la historia médica del menor, respaldando la versión expuesta por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes sostienen que el fallecimiento obedeció a un trauma craneoencefálico severo tras una caída accidental y no a la ausencia de medicamentos.
El mandatario explicó que el niño recibió tratamiento para su hemofilia y que el Estado asumía los costos. También relató que el 8 de febrero el menor sufrió una caída en bicicleta que le produjo un fuerte golpe en la cabeza, pérdida de conciencia y sangrado por oído y nariz. Según su versión, horas después presentó signos de compresión cerebral, fue trasladado vía aérea a Bogotá e ingresó al Hospital de la Misericordia con pronóstico reservado. Aunque fue reanimado tras un paro cardiorrespiratorio, finalmente falleció.
Sin embargo, más allá de las circunstancias médicas, la controversia se centró en la legalidad de revelar información clínica. En Colombia, la historia médica es considerada un documento confidencial y solo puede ser conocida por el paciente, su familia autorizada o autoridades judiciales competentes, salvo consentimiento expreso.
El exfiscal general Francisco Barbosa advirtió que la divulgación podría constituir un delito, recordando que el Código Penal sanciona la revelación indebida de datos personales protegidos. A su juicio, la aseguradora no debió entregar esa información.
Desde el sector médico también hubo reparos. La organización Médicos de Colombia cuestionó que el debate se haya enfocado en la negativa de la madre a autorizar una cirugía y no en las dificultades para garantizar oportunamente el medicamento requerido por el menor.
Por su parte, Yudy Katherine Pico, madre del niño, expresó públicamente que el presidente no tenía autorización para divulgar la historia clínica de su hijo y defendió su decisión de no permitir la intervención quirúrgica, argumentando que sin las condiciones adecuadas el procedimiento habría puesto en mayor riesgo la vida del menor.
El presidente insistió en que la información se presentó para demostrar que el Gobierno no ocultó datos y que aún deben adelantarse investigaciones, incluida la autopsia, para determinar si existen responsabilidades adicionales.
Mientras avanzan los análisis médicos y eventuales acciones legales, el caso de Kevin Acosta se convirtió en el centro de una discusión más amplia sobre la protección de datos sensibles, la ética en el manejo de información clínica y las garantías en la atención de pacientes con enfermedades crónicas en el país.
