La muerte del niño Kevin Acosta, de siete años, sigue provocando reacciones en el país y abrió un fuerte debate sobre la atención en salud para pacientes con enfermedades huérfanas. En medio de la controversia, su madre, Yudy Pico, habló públicamente para explicar por qué decidió no autorizar una cirugía cerebral que los médicos consideraron necesaria tras el accidente que sufrió su hijo.
Kevin, oriundo del departamento del Huila, vivía con hemofilia, un trastorno que impide la adecuada coagulación de la sangre y que obliga a la aplicación periódica de un medicamento especializado para evitar hemorragias. Según relató su familia, el menor habría pasado cerca de dos meses sin recibir el tratamiento que debía suministrarse cada 28 días.
El cuadro se agravó luego de que el niño sufriera una caída mientras montaba bicicleta, lo que le provocó un trauma en la cabeza y posteriormente una hemorragia intracraneal. Fue atendido inicialmente en un hospital local y después remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, donde una tomografía evidenció fracturas y hematomas.
Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro se refirió al caso y pidió esperar el resultado oficial de la autopsia antes de establecer conclusiones definitivas. El mandatario señaló que el medicamento había sido financiado por el Gobierno y entregado en Pitalito, pero que en el traslado del menor a otro departamento se habrían presentado fallas administrativas que luego fueron subsanadas. También afirmó que, ante el deterioro del niño, los médicos recomendaron una intervención quirúrgica que no fue aceptada por la madre.
Frente a esas declaraciones, Yudy Pico sostuvo en entrevista con La FM que su decisión estuvo motivada por la ausencia del fármaco indispensable para garantizar la coagulación durante un procedimiento de alto riesgo. Aseguró que una cirugía en esas condiciones podía tener consecuencias fatales inmediatas.
La madre enfatizó que, a su juicio, la causa de la muerte no fue el golpe en la cabeza, sino la interrupción del tratamiento. Insistió en que, aun sin el accidente, el niño estaba expuesto a un riesgo elevado debido a la falta del medicamento. Además, rechazó que se le atribuya responsabilidad por no haber autorizado la operación y cuestionó que se hiciera pública información médica de su hijo.
El caso también encendió alertas en su entorno familiar. Pico afirmó que otros parientes con hemofilia no estarían recibiendo el tratamiento desde diciembre, lo que, según dijo, evidencia un problema más amplio en la continuidad del suministro.
Mientras se esperan los resultados forenses que determinen con precisión la causa del fallecimiento, la situación mantiene abierto el debate sobre la entrega de medicamentos de alto costo y la responsabilidad de las entidades de salud en la atención de pacientes con enfermedades crónicas. El Gobierno ha pedido prudencia, mientras la familia insiste en que la falta del tratamiento fue determinante en la tragedia.
